"El Gobierno está dispuesto a escuchar las inquietudes de los diferentes sectores, coordinar un espacio de diálogo donde se puedan resolver estas situaciones respetando la separación de poderes, pero contribuyendo a que haya un trabajo de manera armónica", dijo el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, según declaraciones difundidas por su despacho.
El último incidente ocurrió dos semanas atrás, cuando la fiscalía dispuso un allanamiento sorpresivo a la sede de la JEP, denunciado por Linares como una indebida intromisión a la autonomía e independencia judicial del tribunal de paz.
En el allanamiento, que no fue anunciado con antelación a las autoridades de la JEP, la fiscalía obtuvo una copia del expediente 001 que el tribunal de paz lleva adelante sobre los secuestros atribuidos a excombatientes de las FARC.
Se espera que en el encuentro de este 17 de octubre se ultimen los detalles de funcionamiento de la mesa técnica, que elaboraría propuestas que un trabajo armónico de la fiscalía y la JEP.
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Martínez sostuvo inclusive que pertenecen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que todavía no logró un acuerdo de paz con el Gobierno y por tanto no podría acogerse a la JEP.
"El pasado 24 de septiembre un magistrado de la JEP tomó la decisión de asumir la competencia del grupo 'Llamarada', que es una célula urbana del ELN", dijo Martínez, según declaraciones publicadas por la emisora local RCN Radio.
Sin embargo, Linares observó que los nombres de varios de esos investigados están en las listas de desmovilizados de las FARC que le entregó el alto comisionado de Paz del Gobierno anterior.
Ante ello, Ceballos pidió a la Fiscalía y a la JEP que amplíen la información referente a este caso.
