“La imputación es bastante vaga y estamos tranquilos porque no se ha cometido ningún delito por parte de ningún funcionario de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz)”, dijo la directora administrativa de ese tribunal, Martha Lucía Zamora, a la emisora local RCN Radio.
“Realmente es una falta de conocimiento que la Fiscalía ha demostrado en la imputación de cargos de cómo se trabaja en la Jurisdicción de Paz y sobre cuáles son realmente sus funciones y sus objetivos”, expresó.
Según la Fiscalía, Zamora habría entregado permisos de manera irregular para que un grupo de desmovilizados y exjefes de las FARC salieran del país y de los espacios territoriales en lo que permanecían concentrados pese a que no cumplían los requisitos exigidos.
Entre los beneficiados con esa medida están el excomandante de esa antigua guerrilla 'Pastor Alape' y Fernando Arellán, quien fue sentenciado por el atentado al Club El Nogal, en Bogotá, en febrero de 2003 y que dejó 36 personas muertas.
Temas relacionados: Excombatientes de FARC piden protección a CIDH por "incumplimiento" de acuerdos de paz
Asimismo, la Fiscalía sostiene que los contratistas de la JEP Yuli Milena Enriquez y Luis Enrique Caicedo también habrían asesorado a los exjefes guerrilleros para que se excusaran de no permanecer en los espacios territoriales en los que debían permanecer concentrados tras la firma del Acuerdo de Paz, lograda en noviembre de 2016.