"El INM informa que atendió y dio cumplimiento total a la recomendación 36/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]" tras el incidente ocurrido hace cinco años, dijo la autoridad federal migratoria en un comunicado.
El 1 de octubre de 2013, el organismo autónomo del Estado defensor de víctimas de abusos, solicitó al INM que realizara una serie de acciones encaminadas a "reparar el daño a las agraviadas, por el alojamiento prolongado de una extranjera de nacionalidad venezolana y su hija menor de edad de nacionalidad mexicana", indicaba la recomendación.
Para dar cumplimiento a la recomendación, las autoridades migratorias trabajaron para localizar a las víctimas y "hacer de su conocimiento que en el momento que ellas decidan puede hacerse efectiva la reparación del daño ante la autoridad respectiva", dice el informe sin detallara en qué consiste.
El INM adoptó además medidas para que se diseñaran e impartieran a su personal "programas integrales de capacitación y formación a sus servidores públicos en materia de derechos humanos", afirman las autoridades.
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Específicamente fueron capacitados con respecto a la atención de niñas, niños y adolescentes, "con especial énfasis en los menores no acompañados", un fenómeno que se extendió desde aquella época, sobre todo de migrantes procedentes de Centroamérica.
El organismo validó las "pruebas de cumplimiento total" de parte de las autoridades migratorias, que acataron "con absoluta transparencia todos sus procesos de investigación y obtención de información", cita el instituto.
Finalmente, las autoridades mexicanas ratificaron su compromiso con "salvaguardar los derechos humanos de los migrantes", independientemente de su nacionalidad o condición migratoria, un reclamo que el Gobierno de México hace a sus contrapartes de EEUU.
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Las observaciones y recomendaciones de la sociedad civil "permiten al INM aprovechar sus fortalezas, perfeccionar sus acciones y corregir deficiencias con el compromiso de hacer valer siempre, los derechos humanos de los migrantes", puntualiza el texto oficial.
Unas 5.000 personas parten de Venezuela diariamente, lo que representa un desafío de protección y subraya la urgencia de una respuesta internacional humanitaria para ayudar a los países que reciben a esos migrantes, según el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.
En México hay 814 personas de nacionalidad venezolana reconocidas como refugiados, es decir el 37% del total de personas con ese estatuto que respalda la Organización de Naciones Unidas.
En cuanto a la migración regular, de los casi 60.000 extranjeros que obtuvieron tarjetas de autorización como residentes temporales en México el año pasado.
Las personas de nacionalidad venezolana son el segundo país después de EEUU que recibe esas autorizaciones migratorias, por encima de Cuba, Honduras, Guatemala y El Salvador, países de donde procede la inmensa mayoría de las 500.000 personas que recorren territorio mexicano en sus rutas hacia EEUU.
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Unas 200.000 migrantes son deportados anualmente por la frontera sur mexicana, dato similar a las expulsiones desde EEUU.
