"La decisión del juzgado (de Perú) restaura el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, quienes vienen luchando hace 25 años para asegurar que los crímenes aberrantes que han sufrido no queden en la impunidad, y que los responsables sean (…) sancionados", manifestaron los expertos en un comunicado.
"La decisión del Juzgado de la Corte Suprema (de Perú) cumple con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso de indultos en casos de crímenes de lesa humanidad", añadieron los expertos.
El 3 de octubre, el Poder Judicial de Perú decidió anular el indulto concedido a Alberto Fujimori, quien en 2007 fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
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Fujimori fue indultado en diciembre del año pasado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) debido a "razones humanitarias", aduciendo su delicado estado de salud.
El expresidente fue condenado en 2007 a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado en los casos de esas dos masacres, que constituyen "crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal", dice la resolución judicial emitida este miércoles.
Asimismo, Fujimori fue hallado culpable de lesiones graves por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, también cometidos durante su Gobierno.
En febrero pasado, las defensas de los familiares de los fallecidos en La Cantuta y Barrios Altos impugnaron el indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La masacre de Barrios Altos fue la muerte, en 1991, de 15 personas a manos del Grupo Colina, un destacamento paramilitar dirigido por Fujimori para la lucha contra el terrorismo.
La masacre de La Cantuta fue el asesinato en 1992 de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Cantuta, también a manos del Grupo Colina.
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El secuestro de Gorriti en 1992 obedeció a una investigación del periodista sobre actos de corrupción y delitos cometidos por el Gobierno de Fujimori; mientras que Dyer fue secuestrado en el mismo año por supuestas actividades terroristas.