"Este tema [represión y violencia] y los de derechos humanos estarían siendo monitoreados in situ por el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), por lo tanto, en opinión de la Cancillería nicaragüense, es improcedente la audiencia", indicó Urrejola al inicio de la audiencia convocada por la CIDH y solicitada por organizaciones sociales denunciantes.
El Meseni "es parte del informe que hizo la Comisión en su visita de trabajo a Nicaragua en el mes de mayo, por lo tanto, el Meseni es una recomendación que el Estado asumió y el Estado está cumpliendo con esa recomendación", indicó.
A la CIDH eso le "parece importante; sin embargo, la existencia del Meseni no obsta a que la Comisión continúe el resto de sus facultades y mandatos dentro de los cuales está el de hacer audiencias públicas", añadió.
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La comisionada indicó que "hace tres años que el Estado no participa de las audiencias públicas", por lo que "parece importante escuchar a los denunciantes".
Los denunciantes agregaron que "hay una intención de aplastar el disenso y [las autoridades] están tomando represalias contra todas las personas que tuvieron algún rol en las protestas".
Urrejola indicó que a través del Meseni la CIDH tiene "información de primera mano sobre lo que ocurre en Nicaragua y que, hasta ahora, la Comisión identificó a 325 personas muertas como resultado de represión de protestas, heridos, personal de salud despedido, entre otros".
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El Gobierno reconoce que desde abril fallecieron unas 200 personas y asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un "golpe blando" contra el presidente Ortega, a los que acusa de terroristas.
Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó a fines de septiembre pasado que entre el 19 de abril y el 23 de septiembre se registraron 512 muertes.
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