"Ahora el juicio debe seguir con el mismo tribunal que ha violentado el debido proceso, pero ahora van a tener que tener más cuidado con sus decisiones, debido a que con el antecedente de la recusación saben que los vamos a denunciar por todas las arbitrariedades que realicen", señaló el Copinh a esta agencia.
Esta organización señaló que el rechazo de la impugnación era "esperable y una respuesta muy posible" por parte de la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, afirmó que el hecho de que el mismo tribunal siga al frente del caso continúa "siendo preocupante porque demuestra el cierre del sistema de justicia para dar las condiciones de un juicio justo".
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La familia de Cáceres, asesinada a tiros en su casa el 2 de marzo de 2016, y el Copinh aseguran que la Fiscalía no entregó toda la información que solicitaron y que incumplió pedidos del tribunal, algo que éste consintió y por esa causa decidieron impugnar a sus miembros.
Hasta agosto, la Fiscalía incumplió cuatro órdenes judiciales por no entregar la información solicitada en 38 pedidos, dijo semanas atrás a Sputnik una de las abogadas de la familia, Heidy Alachan.
Dado que la recusación no fue aceptada, el Tribunal volverá y procederá a citar a las partes, señalando nueva fecha para el juicio.
Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
