"Después de una lucha de 25 años nosotros ganamos el caso en todas las instancias, incluida la Corte Constitucional; nuestro caso no tiene nada que ver con temas comerciales por eso exigimos al Gobierno que haga respetar la sentencia y nuestros derechos porque se trata de derechos humanos y de derechos ambientales", dijo a Sputnik el presidente de la nacionalidad Siecopay, mejor conocida como Secoya, Humberto Piaguaje.
Dirigentes de los protestantes se reunieron con el procurador subrogante Diego Regalado, para exponerle sus preocupaciones frente al caso.
"El procurador se comprometió a no permitir que se mezcle el tema comercial y el de derechos humanos; esperamos que sea así", dijo Piaguaje.
Para la próxima semana prevén una reunión con el Procurador titular, Iñigo Salvador.
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Piaguaje aseguró que los daños ambientales provocados por Chevron son evidentes, y que "la contaminación aún sigue latente y matando a los habitantes amazónicos" por lo que su lucha no parará hasta lograr la reparación.
El pasado 30 de agosto, los tres jueces de un Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, incluido el nombrado por Ecuador, fallaron a favor de Chevron.
El laudo del tribunal de La Haya ordenó al país andino dejar sin efecto la sentencia del 2011 emitida en la Corte de Lago Agrio, pagar una indemnización a Chevron (que las dos partes deberán comenzar a negociar en Noviembre) por los daños causados por esa sentencia, e incluso impedir que los demandantes continúen con acciones en el exterior para cobrar dicha sentencia.
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La empresa estadounidense es acusada por los residentes amazónicos de Ecuador de contaminar el ambiente utilizando técnicas obsoletas para la explotación del crudo, de verter a los ríos petróleo y sustancias contaminantes, así como en aguas y lodos tóxicos en piscinas abiertas en medio de la selva, a más de lanzar a la atmósfera gases contaminantes.
TexPet, una subsidiaria de Chevron, operó en Ecuador entre 1964 y 1992 en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Uno de los argumentos básicos de la defensa de Chevron es que en 1998, luego de un cuestionado programa de remediación de 40 millones de dólares, basado en un acuerdo de 1995 entre Texaco y la estatal Petroecuador, el Gobierno ecuatoriano liberó a Texaco y sus compañías relacionadas de cualquier reclamo y responsabilidad con respecto a los esfuerzos de limpieza.
Los demandantes sostienen que el acuerdo no liberó a la empresa de demandas de terceros.
