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Congresista: reformas anticorrupción de presidente peruano son insuficientes

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LIMA (Sputnik) — Las reformas constitucionales anticorrupción planteadas por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, son positivas aunque insuficientes, dijo a Sputnik la congresista de Nuevo Perú (izquierda), Indira Huilca.

"El primer paso para dar algunos cambios es empezar el debate de estas reformas que son positivas, pero tampoco suficientes", expresó Huilca.

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Según la congresista, "lo que no se ha abordado en estas reformas tienen que ver con el aspecto de la reforma política, porque las redes de corrupción que se han instalado en el sistema de justicia se alimentan de las redes de corrupción que se han instalado en los partidos políticos desde hace varios años".

Huilca se refirió al funcionamiento del sistema de partidos políticos como un elemento central que está ausente en las reformas de Vizcarra.

"Se ha presentado el tema del financiamiento de los partidos (que es una de las cuatro reformas planteadas por el presidente), pero que es algo que ya existe en la ley orgánica de partidos y que ahora se quiere elevar a ley constitucional", comentó.

Las reformas son la prohibición de la reelección de congresistas, el retorno del Congreso a una estructura bicameral, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y una reestructura integral del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que nombra y depone a jueces y fiscales en Perú.

Para Huilca, los partidos políticos han perdido representatividad y se han vuelto "maquinarias electorales, franquicias sin ningún trasfondo en ideas o principios".

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Esto ha ocurrido por la exigencia actual de que una agrupación, para ingresar al sistema político, reúna un mínimo del 3% de firmas del padrón electoral, algo equivalente a cerca de un millón de firmas.

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"Así es casi imposible que ingresen partidos que sí representen a un sector de la ciudadanía y que, en cambio, entren los que consiguen las firmas, que además son muy difíciles de verificar, a través de clientelismo", dijo la diputada.

Huilca subrayó que "acá está claro que el que recolecta firmas lo hace a través de obsequios o alguna dádiva económica a cambio; eso es algo que todos sabemos".

El 19 de septiembre se debatirá en el Congreso una cuestión de confianza planteada por el presidente para forzar al Congreso a tratar las reformas constitucionales anticorrupción que busca implementar.

Si la confianza es denegada, el presidente tendrá la potestad de cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones generales en un plazo máximo de cuatro meses.

"Si en verdad no se quieren aprobar estas reformas, yo no le veo razón de ser a un Congreso que no es capaz de escuchar los reclamos de la ciudadanía", concluyó Huilca, dando su respaldo a un eventual cierre del Congreso.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional a través del cual el presidente puede pedir al Congreso que respalde de forma específica una política de Estado.

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En este caso, Vizcarra accionó el mecanismo para definir el apoyo parlamentario a las cuatro reformas anticorrupción que anunció el 28 de julio.

El presidente, Martín Vizcarra, desea que estas reformas sean sometidas a un referendo para que la ciudadanía decida sobre ellas.

El presidente Vizcarra busca que estas reformas sean habilitadas por el Congreso y luego sean sometidas a un referendo para que la ciudadanía decida sobre ellas.

Este miércoles, el Congreso podrá otorgar o negar su confianza a las reformas que serán sustentadas por el primer ministro César Villanueva en una sesión extraordinaria.

En caso afirmativo, esta política de Estado avanzará y el Gabinete presidido por el primer ministro resultará ratificado por el Congreso.

Si el Congreso niega la confianza, se configurará una censura al gabinete, con la correspondiente renuncia de todos sus integrantes.

La Constitución determina que la censura de dos gabinetes en el término de un solo gobierno, permite al presidente poner fin a la legislatura y convocar nuevas elecciones generales en un plazo máximo de cuatro meses.

La actual legislatura ya censuró a un gabinete en septiembre de 2017, cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció y fue sucedido por su vicepresidente, Vizcarra.

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