"La orden, obviamente, vino de la autoridad máxima, del comandante y jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas", dijo Castro a periodistas luego de rendir su testimonio ante la fiscalía, que investiga las circunstancias de la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta policial de 2010.
Castro afirmó en que en el operativo había la "intención de persuadir; no había que enfrentarse, había que llegar allá pacíficamente y obviamente entrar".
La acción de los militares el 30 de septiembre del 2010 fue en legítima defensa pues las armas "no fueron cargadas" e incluso las municiones fueron en las alimentadoras, aseguró.
El 30 de septiembre de 2010, oficiales y subalternos de la Policía Nacional se sublevaron en reclamo de que se derogara la ley de Servicio Público que recortaba condecoraciones y algunas bonificaciones, y alargaba los períodos para ascender en la carrera profesional.
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Correa fue agredido por policías cuando acudió al cuartel del Regimiento Quito donde estaban los amotinados, y luego conducido al hospital policial donde permaneció varias horas, protegido por las autoridades policiales en el hospital, que estaba rodeado de efectivos rebeldes.
En la noche del 30 de septiembre, durante el operativo de evacuación de Correa se produjo una balacera entre policías y militares que terminó con la muerte de dos policías, dos militares y un civil.
Castro calificó a la reacción de los militares como humana: "Les están atacando y tienen que defenderse", dijo.
"Esto es institucional; aquí se actuó bajo un mando directo de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que siguió obviamente al alto mando militar y siguió una cadena de mando respectiva; que se apoyó en un decreto de emergencia, que se apoyó en los planes militares y respetó al máximo el uso progresivo de la fuerza", añadió Castro.
El militar también afirmó que 805 efectivos participaron en el operativo de evacuación de Correa del hospital militar, de los cuales 30 por ciento acudieron con armamento letal y 70 por ciento con armamento no letal, y que la disposición según órdenes del alto mando, "porque obviamente había la intención de persuadirles, de que no exista ningún enfrentamiento".
El general Homero Arellano, exministro coordinador de Seguridad, exsecretario de Inteligencia y actual embajador en Chile, también prestó testimonio ante la fiscalía y al salir dijo a periodistas que por entonces se desempeñaba como secretario general de la vicepresidencia, encargado del tema de discapacidades.
Castro y Arellano acudieron a rendir testimonio en la fiscalía de la provincia de Pichincha como parte de las investigaciones por la presunta ejecución extrajudicial del policía Jiménez, miembro del Grupo de Operación y Rescate que protegía el automóvil en el que Correa fue evacuado del hospital.
Correa denunció que estuvo secuestrado en el hospital policial y que fue víctima de un intento de magnicidio.
