"Yo no he ni trabajado ni conozco al general Guatibonza, y reitero el llamado para que ese tipo de casos se investiguen hasta las últimas consecuencias, eso sí, garantizando el debido proceso", dijo a la prensa local, según declaraciones publicadas por la emisora local RCN Radio.
Tras la detención de Guatibonza surgieron versiones según las cuales el policía habría hecho parte de la transición entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la nueva administración de Duque, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, e incluso se mencionó que se tenía previsto que formara parte del actual Gobierno.
Asimismo, este 14 de septiembre, agentes de la Fiscalía de Colombia capturaron a Juan Carlos Madero, integrante de la red que también conformaba Guatibonza y quien era el encargado de buscar los clientes para dicha red.
De acuerdo con la Fiscalía, Madero habría sido contactado por el senador Armando Benedetti para que interceptara al Fiscal General con propósitos que aún no son claros, por lo cual habría pagado varios miles de dólares.
Benedetti ha negado los hechos y sostiene que no conoce ni a Madero ni a Guatibonza, pero es claro que la Fiscalía investiga al senador por presuntamente haber sido uno de los beneficiados con los millonarios sobornos que pagó la multinacional brasileña Odebrecht para hacerse con contratos de infraestructura pública en Colombia.
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Otro de los detenidos por la red de interceptaciones, el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, fue quien señaló a Guatibonza y a Madero de hacer parte de dicha red, y precisó que el propio Madero cobraba una comisión de 25% por cada cliente que contactaba.
La Fiscalía General le imputará a este hombre los cargos de concierto para delinquir, interceptación de telecomunicaciones e interceptación de datos, entre otros.
Aunque en días pasados la Fiscalía había dado a conocer las actividades de la red de interceptaciones, que operaba en las ciudades de Bogotá, Cali (suroeste) e Ipiales (Nariño, suroeste), sólo tras la detención de Guatibonza se reconoció su verdadera dimensión.
El escándalo de interceptaciones es el mayor que se registra en el país en los últimos diez años, luego del que protagonizó el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) a través del entonces aparato de inteligencia estatal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por medio del cual se espiaron congresistas, magistrados y periodistas.
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Dentro de los denominados "clientes" de esta recién descubierta red de interceptaciones, según la Fiscalía, también se encontraría la firma colombiana de transporte de paquetes Servientrega, así como también representantes de la multinacional Pepsico en Colombia y de la aerolínea Avianca, quienes pedían interceptar a los pilotos sindicalizados.
