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Aliado de Correa: favores a Chevron partieron de Gobierno ecuatoriano de Jamil Mahuad

© AP Photo / Noah BergerChevron
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QUITO (Sputnik) — El Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa (2007-2017) no tuvo nada que ver con Chevron, pero fue la administración de Jamil Mahuad (1998-2000) la que liberó de a la corporación petrolera estadounidense de responsabilidad en la contaminación, dijo a Sputnik el exasambleísta, abogado y político Virgilio Hernández.

"Es una barbaridad que el Gobierno acuse a la administración de Correa cuando la causa de Chevron viene de hace mucho tiempo atrás; no tuvimos nada que ver con esa empresa, fue en el gobierno de Mahuad que se le liberaron responsabilidades a Chevron", dijo Hernández, aliado del expresidente Correa.

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El 30 de agosto, la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, emitió un dictamen favorable a la corporación petrolera estadounidense que en sustancia anula una millonaria condena contra Chevron por los daños ambientales causados en la provincia amazónica de Sucumbíos entre 1964 y 1990.

La Corte Permanente de Arbitraje dio 90 días a las partes para que entreguen sus réplicas y solo más tarde tomará la decisión final sobre los montos que debería pagar Ecuador.

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Entre 1964 y 1990 operó en la zona de Sucumbíos la petrolera Texaco (adquirida por Chevron en 2001), que en 1995 firmó un convenio con las autoridades ecuatorianas para limpiar los daños ocasionados.

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En 1998, el Gobierno de Mahuad firmó un acta final avalando que Texaco había cumplido las tareas de limpieza y remediación y quedaba liberada de toda responsabilidad.

Pero en 1993 las comunidades indígenas afectadas por la contaminación iniciaron por su cuenta una batalla judicial contra la petrolera que concluyó en 2011, cuando un tribunal de la ciudad de Lago Agrio emitió un fallo condenatorio contra Chevron.

La empresa fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares en indemnizaciones a miles de campesinos e indígenas por haber arrojado más de 70.000 millones de litros de líquidos tóxicos, y haber dejado en la zona más de 900 piscinas repletas de lodo venenoso, además de quemar millones de metros cúbicos de gases tóxicos.

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Chevron nunca pagó las indemnizaciones, y acusó a los abogados de los demandantes y al juez de Lago Agrio de colusión para emitir una condena fraudulenta en su contra.

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La corporación petrolera llevó su denuncia a la Corte Permanente de Arbitraje, alegando que Ecuador violó el Tratado Recíproco de Promoción de Inversiones firmado con EEUU.

Ahora las autoridades de Ecuador se preparan para apelar el dictamen, pero además acusan a la administración anterior, encabezada por Correa, de no haber defendido correctamente los intereses del Estado ecuatoriano en este caso.

Hernández dijo a esta agencia que los argumentos que esgrime el Gobierno de Lenín Moreno para acusar a Correa son parte de una "persecución política y de una venganza aberrante".

"Aún ni siquiera hay una cuantificación de los daños y sin embargo ya se señala que por una decisión del tribunal de La Haya se va a sancionar a Correa; esto es absolutamente increíble", dijo el político.

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En su opinión, el dictamen de la Corte de Arbitraje es una decisión "injusta e inadecuada", ya que se "ha demostrado" que Chevron causó "grandes desastres" en la Amazonia ecuatoriana.

Durante el Gobierno de Correa se pudo realizar una campaña internacional en la que se evidenció el desastre ambiental que dejó Texaco, según Hernández.

"La defensa ecuatoriana fue seria, soberana y fundamentada", dijo.

Los ciudadanos ecuatorianos no pueden defenderse ante la influencia de las transnacionales en los tribunales arbitrales, alegó Hernández.

"Estos tribunales no consideran los intereses de los pueblos, los desastres ambientales ni las afectaciones a los pueblos originales sino que prestan atención solamente a los intereses de las grandes transnacionales; esa inequidad que existe es una disputa desigual para los Estados", reflexionó.

El llamado "juicio ambiental del siglo" empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando se presentó una demanda contra Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por haber usado "tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1990".

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El proceso fue impulsado directamente por las comunidades indígenas, sin participación del Estado ecuatoriano, pero los tribunales estadounidenses alegaron incompetencia y el caso volvió a presentarse en 2003 en Lago Agrio. 

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