"El régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo mediático y político, además empleó fondos públicos para propaganda (…) En consecuencia, el Ejecutivo solicita al Procurador General del Estado se demande a los exfuncionarios ante cualquier sanción económica al país", dijo Jurado, según reseña la Secretaría Nacional de Comunicación en su página web.
"Pretendieron hacer creer al país que celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita, con fondos públicos", afirmó.
El funcionario añadió que el entonces canciller Ricardo Patiño "suscribió un contrato por 2,5 millones de dólares con una empresa de comunicación para pagar viáticos y viajes de figuras públicas e internacionales."
"Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar gravemente a la economía ecuatoriana", advirtió Jurado.
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"Ecuador agotará todas las instancias que sean necesarias, para proteger los intereses del pueblo amazónico y ecuatoriano en general", aseveró.
El juicio contra Chevron empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando se presentó una demanda contra la compañía en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber usado "tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990".
El proceso fue impulsado directamente por las comunidades indígenas, sin participación del Estado ecuatoriano.
El proceso judicial siguió luego en Ecuador, cuya justicia emitió su sentencia contra la petrolera en 2011.
Desde entonces Chevron ha alegado que el proceso tiene vacíos legales y vicios de corrupción, por lo que se ha negado a pagar y sigue defendiéndose en tribunales del extranjero.