"En los próximos días se estarán solicitando autorizaciones judiciales para obtener desplegados telefónicos (detalles de llamadas entrantes y salientes) de los números de teléfono de las personas involucradas en la emergencia (delegados y encargados de atenderla) con la finalidad de realizar un análisis y determinar si se dieron las comunicaciones de alerta que las instituciones indican haber hecho", afirmó Barrera a tres meses de ocurrida la erupción que causó la muerte de 169 personas, según cifras oficiales.
La decisión de actuar de oficio fue porque para la fiscalía es importante determinar si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones oportunas para evitar poner en riesgo a los pobladores de las áreas afectadas.
Asimismo, el 25 de junio pasado el secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas, fue denunciado penalmente de negligencia y omisión por diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia, para quienes el funcionario pudo ordenar la evacuación oportuna de las comunidades alrededor del volcán, pero no lo hizo.
Fotos: Las erupciones volcánicas, a vista de pájaro
Esa denuncia fue incorporada al expediente de la investigación que ya estaba realizando la Fiscalía.
No existen antecedentes de que la Fiscalía haya probado negligencia de autoridades ante erupciones de volcánicas, pero sí ante otro tipo de desastres.
El Volcán de Fuego se mantiene activo desde su última gran erupción, el 3 de junio pasado, por la cual murieron 169 personas y otras 256 aún están desaparecidas, según las últimas cifras de la Conred difundidas a fines de agosto.
