"De manera preliminar se descarta que los occisos hubieran participado en algún delito, presuntamente se dedicaban a labores del campo", dijo la fiscalía en un informe de las diligencias sobre el linchamiento ocurrido la tarde del 29 de agosto.
Los dos hombres, de 21 y 53 años, fueron señalados por los pobladores de llegar a la comunidad a bordo de una camioneta con dos menores de edad y los acusaron de haberlos secuestrado.
El Gobierno del estado de Puebla informó en un comunicado que los dos hombres "eran acusados de robar niños, entre otras versiones, y fueron trasladados a la comandancia de la cabecera municipal, en donde se congregaron cerca de 150 pobladores enardecidos que rompieron la puerta y sacaron a los dos individuos, prendiéndoles fuego, así como a la camioneta que conducían".
Según testimonios, las víctimas Alberto y Ricardo, cuyos apellidos fueron mantenidos en reserva, bebían licor en una camioneta, cerca de una escuela, eran familiares de habitantes locales que imploraron que no los mataran, sin ser escuchados.
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Las autoridades municipales de Acatlán no siguieron el protocolo establecido por la administración, "ni en tiempo ni en forma, para realizar una actuación correcta", denunciaron las autoridades del Estado.
El informe indica que "que pese al rescate realizado, los elementos policiales no siguieron los protocolos de actuación establecidos".
La autoridad municipal "nunca envió negociadores para establecer el diálogo con el grupo creciente de personas, y tampoco informó de los hechos en tiempo y forma a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría General de Gobierno para brindar pronto auxilio", puntualizó el informe.
La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, dijo que las autoridades municipales de Acatlán de Osorio "están rebasadas para brindar seguridad", y condenó "enérgicamente" los linchamientos.
"Es inadmisible hacer justicia por propia mano", dijo la futura gobernadora.
La crisis de violencia e inseguridad ha desbordado en zonas rurales a las autoridades mexicanas.
Durante el mandato que termina este año de Enrique Peña Nieto, más de 400 personas fueron ejecutadas por pobladores de zonas rurales, según recuentos de organismos defensores de derechos humanos.
