"Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo de todos para contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción", dijo Duque, según el texto de prensa.
Para que la consulta fuera aprobada se requería una participación de al menos la tercera parte del censo electoral (estimado en poco más de 36 millones de personas habilitadas para votar), es decir 12.140.342 personas, pero al final solo se escrutaron 11.671.420 votos.
En la reunión también participaron jefes de los organismos de control y presidentes y voceros de los partidos políticos y en ella se acordó una estrategia conjunta para combatir la corrupción.
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Duque precisó que se decidió dar un impulso a los proyectos de ley anticorrupción presentados por el Gobierno, el fiscal general, Néstor Martínez, y el procurador general, Fernando Carrillo.
A estas iniciativas se adicionarán otros cuatro proyectos de ley que hicieron parte de las siete preguntas que conformaron la consulta anticorrupción.
Asimismo, Duque anunció que se constituirá una mesa técnica, coordinada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y en la que todos los partidos políticos tendrán un representante.
De acuerdo con el presidente colombiano, el propósito es trabajar rápido en los próximos días "para tener consensuados los textos de todas las iniciativas" que entren a dicha mesa técnica.
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En este sentido, explicó que el propósito es "darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción" y que se pueda, "en los próximos meses y de cara al fin de este período legislativo en el mes de diciembre, darles a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley".
También pretendía exigir la rendición de cuentas del trabajo de los altos cargos elegidos, cumplimiento completo de las penas de cárcel por corrupción y prohibición de que los condenados obtuvieran contratos públicos, presupuestos con participación ciudadana y normas transparentes para las contrataciones con el Estado.
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Según los promotores de la iniciativa, la corrupción le significa a Colombia pérdidas anuales de 50 billones de pesos (18.400 millones de dólares), por lo que es perentorio atacarla mediante leyes.
