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Denuncian una posible intoxicación de los empleados domésticos de Cristina Kirchner

© REUTERS / Marcos BrindicciLos policías cerca de la casa de Cristina Fernández de Kirchner
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Los empleados domésticos que acudieron el 25 de agosto a uno de los departamentos de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrieron síntomas de intoxicación tras un registro por parte de la Policía, declaró el abogado de la exmandataria, Carlos Alberto Beraldi, en un comunicado.

Según la defensa de Kirchner, "quien se dedica habitualmente a las tareas del hogar en ese domicilio ingresó al mismo el día 25 de agosto de 2018 por primera vez después de que se practicara el allanamiento".

No obstante, "una vez en el interior del departamento, cuando [los empleados] estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar".

Beraldi subrayó que los empleados domésticos se vieron obligados a acudir a un hospital local. Según el comunicado, los médicos llegaron a la conclusión de que "las dolencias padecidas tenían como origen un tóxico de contacto".

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El abogado agregó que Kirchner decidió no regresar al apartamento hasta que no haya "una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento —registro policial—".

A su vez, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, rechazó las acusaciones y afirmó en una entrevista que "no se usó ningún tipo de químico" y que "no se dejaron tóxicos desde ningún punto de vista". 

"¿Estamos todos locos? La Policía no se va a ver involucrada en este tipo de actividad ilegal", manifestó.

Los allanamientos fueron aprobados por unanimidad en el Senado; la propia Fernández de Kirchner, presente en la sala, votó a favor de la decisión. 

Más: Oficialismo argentino convoca movilización para pedir desafuero de la expresidenta Fernández

A Kirchner la acusan de haber dirigido durante su Gobierno una asociación ilícita para cobrar sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

La exmandataria defendió su inocencia y aseguró que la causa judicial es un montaje político para perjudicarla y ocultar actos de corrupción del actual Gobierno, así como las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país.

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