"De ser cierto que la facultad de la investigación permanece de forma meramente nominal en cabeza de la Fiscalía, tal limitación podría dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional en el Estado colombiano", afirmó Martínez en una extensa carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y que fue difundida por el Ministerio Público.
El tribunal de paz opera de manera paralela pero independiente de la justicia ordinaria.
Comenzó a funcionar en marzo pasado, por lo que algunas de sus normas de procedimiento aún deben ser ajustadas y reguladas por organismos estatales, entre ellos la Corte Constitucional, que recién promulgó un fallo que regula la Administración de Justicia de la JEP, el cual motivó la carta del fiscal general.
Tema relacionado: Partido colombiano FARC dice desconocer paradero de Iván Márquez y otros exguerrilleros
Según Martínez, el fallo de la Corte deja maniatada a la Fiscalía para revisar casos relacionados con delitos de lesa humanidad hasta tanto no se definan procedimientos concretos para la JEP, lo que generaría la pérdida de evidencias de qué delitos graves son investigados y juzgados.
Asimismo, señala que no es claro si la Fiscalía podrá citar a diligencias judiciales a agentes del Estado y reinsertados de la guerrilla por delitos de lesa humanidad.
La carta indica que "una lectura desprevenida podría dar lugar a que algunos operadores judiciales concluyan que (…) no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias, audiencias de formulación de imputación, etc".
En la misiva, de cinco folios, Martínez también se pregunta si para la Justicia internacional será suficiente el hecho de que sean juzgados los "máximos responsables" de crímenes atroces, pero sin considerar a los autores materiales de los hechos, lo cual, subrayó, activaría la competencia de la CPI.
Por el momento la Corte no se ha pronunciado respecto del comunicado del fiscal general.