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Estado brasileño pide al Supremo que se impida entrada de venezolanos con antecedentes

© REUTERS / Nacho DoceMigrantes venezolanos en la frontera entre Brasil y Venezuela
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RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El Gobierno del estado brasileño de Roraima (norte) pedirá al Tribunal Supremo Federal que actúe para impedir la entrada en territorio nacional de inmigrantes venezolanos con antecedentes penales.

Fuentes del Gobierno de Roraima, en la frontera norte con Venezuela, explicaron a Sputnik que el veto a personas con antecendentes penales es "una de las peticiones" que se plantearán, y que se conocerán con detalle a lo largo de este 20 de agosto.

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Previamente, el Gobierno de Roraima ya había presentado una petición formal al Supremo para que cerrase de forma temporal la frontera, algo que fue rápidamente negado tanto por la corte como por el Gobierno de Michel Temer.

Las autoridades del estado también reiteraron este 20 de agosto su exigencia al Gobierno federal para que envíe a las Fuerzas Armadas a controlar la situación.

Las fuentes del Gobierno de Roraima consultadas por Sputnik recordaron que, en agosto de 2017, la gobernadora Suely Campos solicitó al presidente Michel Temer el envío militares a la frontera con Venezuela "para prevenir la criminalidad en la región".

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Por ello, se mostraron sorprendidas con el anuncio realizado por Brasilia el pasado domingo 19 de agosto, en el que ponía a disposición al Ejército siempre que la gobernadora lo solicitara.

"La petición formal está hecha desde hace un año, y ¿ahora [Temer] dice que está dispuesto a atenderla?", criticó el portavoz del Gobierno del estado.

El 19 de agosto, Temer se reunió de urgencia con varios ministros y acordó varias medidas extraordinarias, entre ellas el envío de 120 hombres de la Fuerza Nacional (un cuerpo para situaciones de emergencia que no tiene relación con las Fuerzas Armadas).

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También se decidió enviar a Roraima a 36 voluntarios para atender a inmigrantes venezolanos y reforzar el programa de interiorización, que prevé el desplazamiento voluntario de ciudadanos venezolanos por otras regiones de Brasil, para así descongestionar el estado de Roraima.

Las medidas se tomaron después de que el 18 de agosto un grupo de brasileños persiguiera a cientos de venezolanos en la ciudad fronteriza de Pacaraima, quemando sus pertenencias y tiendas de campaña, como represalia por un supuesto robo realizado por unos venezolanos; finalmente alrededor de 1.200 inmigrantes volvieron a su país.

La situación tensó aún más las relaciones entre Brasil y Venezuela: la administración de Nicolás Maduro, a través de la cancillería, pidió al Gobierno de Temer que tome medidas para resguardar a sus ciudadanos emigrados.

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Para los responsables del Gobierno de Roraima, la situación pudo haber sido diferente si el Ejército estuviera presente en la zona, como vienen pidiendo desde hace meses.

"Si hace un año se hubiera atendido la petición de la Garantía de Ley y Orden [el mecanismo legal que permite la actuación de las Fuerzas Armadas] para garantizar la seguridad de la población de Pacaraima, tal vez se podría haber evitado ese episodio", lamentaron.

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Las autoridades del estado  piden ayuda al Gobierno central al menos desde 2016, cuando se intensificó la llegada de venezolanos; alegan que la red de hospitales y asistencia social está colapsada debido a la presencia de al menos 50.000 inmigrantes.

Según datos de la Policía Militar de Roraima, el número de delitos cometidos por venezolanos aumentó 132 por ciento desde 2015 hasta la actualidad, y el estado de alerta de los agentes de seguridad aumentó tras los enfrentamientos del pasado 18 de agosto.

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