"Las conclusiones del comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante", expresó en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores.
Este mismo 17 de agosto este comité de la ONU con sede en Ginebra había pedido al Estado brasileño que garantice que Lula pueda participar en la campaña electoral hasta que no haya una decisión judicial firme.
Además, los representantes del Gobierno brasileño lamentaron haberse enterado "sin ningún aviso o petición de información previa" de la deliberación del comité de Derechos Humanos sobre la candidatura de Lula.
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Finalmente, recordaron que Brasil es un "fiel cumplidor" del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
"Los principios de igualdad ante la ley, respeto al debido proceso legal y derecho a amplia defensa también son principios constitucionales brasileños, implementados con celo y absoluta independencia por el poder judicial", aseguró el Gobierno brasileño.
La deliberación de la ONU publicada este 17 de agosto es una respuesta a un requerimiento que los abogados del expresidente presentaron a finales de julio.
Poco después de que se publicara la decisión la defensa de Lula celebró en un comunicado que a partir de ahora "ningún órgano del Estado brasileño podrá presentar cualquier obstáculo para que el expresidente pueda presentarse a las elecciones de 2018 hasta que haya una decisión transitada en juicio en un proceso justo".
Esta semana, Lula fue oficializado candidato del PT a la presidencia del Gobierno ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que tendrá de plazo hasta mediados de septiembre para validar su candidatura.
Es probable que acabe siendo vetado, dado que la legislación brasileña prohíbe que se presenten a las elecciones candidatos con una condena en segunda instancia como es el caso del exmandatario, pero los abogados pretenden recurrir la decisión en instancias superiores, y esperan que mientras tanto Lula pueda ejercer de candidato.
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El exmandatario está preso en Curitiba (sur) desde el mes de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, y es claro favorito en la carrera electoral.
