"El Ministerio de Relaciones Exteriores o el presidente (Jimmy Morales) no pudieron desvanecer los argumentos de quienes interpusimos el amparo" provisional para evitar la expulsión del representante sueco, dijo la titular de la organización no gubernamental (ONG).
Mack agregó que los representantes del Gobierno "demostraron su incapacidad técnica para defender sus argumentos y su debilidad al llevar a todo un gabinete para ejercer presión a los magistrados".
El 29 de mayo pasado, la CC aceptó por tres votos a dos una acción de amparo provisional presentada por la Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo contra la expulsión de Kompass, ordenada por la canciller guatemalteca Sandra Jovel el 10 de ese mes.
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El amparo provisional, afirmó Mack, "evita sacar de manera grosera a un diplomático".
La organización decidió presentar el amparo, dijo Mack, para "preservar el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción e impunidad".
La acción contra el diplomático sueco, con una amplia carrera internacional en defensa de los derechos humanos, se debió según Jovel a que Kompass "llamó corrupta a la sociedad guatemalteca" durante un acto de donación de nueve millones de dólares del Gobierno de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En la audiencia, Jovel afirmó que la acción de amparo provisional "es una injerencia e intromisión en violación a nuestro sistema de Gobierno como República democrática y al Estado de derecho".
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Por su parte el abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Lam, dijo en la audiencia que la CC "otorgó un amparo provisional que se considera como una intromisión directa en funciones que le competen con exclusividad al jefe de Estado y presidente constitucional".
Al respecto, la presidenta de la fundación afirmó que "si bien es cierto (que) es una potestad del presidente dirigir la política exterior, esta no es arbitraria, tiene sus límites, que en este caso es la Constitución Política de la República".
En sus argumentaciones, el abogado afirmó que "cualquier acción que pudiera proceder en cuanto de la acción tomada (la expulsión del embajador Kompass) solo puede ser realizada por Suecia en el ámbito del derecho internacional público y la Fundación o Carrillo no ostentan, o al menos no se acreditó en estas diligencias, ninguna representación legal del reino de Suecia".
Mack, por su parte, indicó que en ese argumento Lam "demuestra como abogado su total mediocridad e ignorancia de la ley guatemalteca y de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad".
Explicó que en "ningún momento" actuaron "como representantes del Reino de Suecia sino como ciudadanos guatemaltecos".
La Fundación y Carrillo presentaron la acción de amparo en forma independiente.
Mack anunció a esta agencia que "si el Gobierno de Guatemala vuelve a incumplir con la ley, no se descarta alguna otra acción".
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La CICIG, creada en 2006 por un acuerdo firmado por el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificado por el Congreso, está bajo fuerte presión para cesar sus actuaciones.
El presidente Morales declaró persona "non grata" al comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velázquez, y llegó a pedir su salida ante la ONU.
La CICIG, junto a la fiscalía general, pidió la semana pasada por tercera vez el antejuicio al presidente Morales para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
Ahora la CC debe evaluar los argumentos que se esgrimieron para luego dictar una sentencia definitiva sobre el amparo.
Mack creó la Fundación en 1993 en memoria de su hermana, una antropóloga asesinada en 1990 por un escuadrón de la muerte de las fuerzas armadas guatemaltecas.
