"Hemos solicitado en la mañana de hoy [9 de agosto] de manera formal a la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con sede en Panamá, que hagan una declaración frente a lo que es este absurdo (…) que pretende seguir destruyendo este parlamento", dijo el legislador Ángel Medina, presidente del grupo parlamentario venezolano en el Parlatino.
Requesens fue detenido el 7 de agosto en horas de la noche, mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrecía un discurso para presentar evidencias del atentado en su contra del sábado 4.
Maduro se refirió a Requesens como "el más psicópata" de los diputados opositores y lo señaló de estar implicado en el fallido ataque con dos drones cargados de explosivos y pólvora.
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Un día después, la fiscalía general pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abrir una investigación a Requesens, por lo que el TSJ requirió a la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas, el desafuero del diputado opositor.
El fiscal general Tarek William Saab aseguró que la detención de Requesens cuando aún tenía fueros fue legal porque presuntamente fue capturado en flagrancia.
Parlamentarios de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, repudiaron que la Constituyente despojara de fueros a Requesens porque solo el parlamento está habilitado por la Constitución para entender y decidir sobre la inmunidad de sus propios miembros.
El TSJ, el Poder Ejecutivo y la Constituyente ignoran a la Asamblea Nacional desde que en 2016 fue declarada en desacato por la cúpula del Poder Judicial.
