El Congreso de México "condena enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua, a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, y para reiterar su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas" indica el texto que será sometido al pleno de la Comisión Permanente del Congreso.
"Se acordó exhortar al Poder Ejecutivo a que se pronuncie de manera clara en contra de la violencia y represión promovida por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, tal y como lo confirma el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", indica el texto aprobado por los diputados y senadores de la comisión encargada de temas diplomáticos.
El documento de la CIDH referido se titula: "Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua".
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El dictamen que votará la Comisión Permanente del Congreso también plantea una pronta solución al conflicto "que permita generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, mediante los cauces institucionales y democráticos".
Exhorto a Peña Nieto y López Obrador
El dictamen aprobado pide a todos los partidos políticos, que "emitan un enérgico pronunciamiento en contra de los actos de represión y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua".
Según los legisladores mexicanos, esa crisis fue "ocasionada por el amplio rechazo a la reforma en materia de seguridad social".
Los congresistas cuestionan también cuestiona la diplomacia del presidente Enrique Peña Nieto y la posición del presidente electo que lo reemplazará el 1 de diciembre, el líder de la izquierda nacionalista Andrés Manuel López Obrador.
La crítica apunta a "la tibieza y lentitud con la que el Gobierno mexicano en funciones y la complicidad con la que el Gobierno electo han reaccionado frente a violencia promovida o tolerada por el Estado nicaragüense".
Los senadores y diputados del organismo permanente del Congreso refirieron que, no fue sino hasta el 14 de julio pasado que la cancillería expresó una postura, pero a través de su cuenta de Twitter.
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También critican al equipo de transición de López Obrador, que ha designado como futuro canciller a Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2011).
El dictamen recuerda que Ebrard "ha adelantado que México no intervendrá en los asuntos internos de otros países, como las crisis en Venezuela y Nicaragua".
Los legisladores del organismo plural afirmaron que las acciones del Gobierno de Nicaragua ante las movilizaciones de protesta, "han violentado claramente la constitución de esa nación y vulnerado los derechos humanos", enfatiza.
La reacción del Gobierno de Peña Nieto "ha sido insuficiente, no ha realizado una condena enérgica y de esa manera se convierte en aval a la situación imperante ese país centroamericano", apunta el texto oficial.
Además, los integrantes de la próxima administración que encabezará López Obrador "deben deslindarse públicamente del apoyo que sus partidos han promovido hacia Daniel Ortega, pues de lo contrario se sentará un pésimo precedente respecto a la promoción y respeto de los principios democráticos, así como de los derechos políticos y civiles", puntualiza el documento.
La CIDH denuncia que 295 personas fallecieron desde abril por los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos oficialistas, pero el presidente Ortega afirma que el balance es de 195 fallecidos, y que las demás estimaciones son resultado de "manipulaciones".
El próximo Congreso mexicano comenzará a sesionar el 1 de septiembre próximo, tres meses antes de que asuma el próximo presidente, donde las fuerzas políticas que apoyan a López Obrador tendrán más de la mitad de los asientos.
