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    "No pueden ser los corruptos quienes lideren la lucha contra la corrupción"

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    LIMA (Sputnik) — La reforma del sistema de justicia peruano no puede ser liderada por el fujimorista Fuerza Popular (derecha), ya que el partido está lleno de personas corruptas, dijo a Sputnik la politóloga Michelle Meza, vocera de la organización No a Keiko.

    "Una reforma del sistema judicial no la puede liderar el fujimorismo porque el Congreso está lleno de elementos corruptos; entonces no pueden ser los corruptos quienes lideren la lucha contra la corrupción", afirmó Meza en referencia a que Fuerza Popular cuenta con mayoría en el legislativo.

    No a Keiko es una agrupación que se opone a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

    Perú está atravesando por una de sus crisis políticas más graves de su historia reciente, ocasionada por los casos de corrupción en el sistema judicial que se están revelando a través de investigaciones periodísticas; esta crisis ha generado una serie de marchas a nivel nacional, con una Segunda Gran Marcha Contra la Corrupción convocada para este 27 de julio, luego de una similar realizada el pasado 19 de este mes.

    Ante esta situación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha ordenado la conformación de una Comisión de Reforma del Poder Judicial, a cargo de un grupo notable de expolíticos y abogados.

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    Esta comisión tiene el encargo de plantear una reforma integral del sistema judicial, en medio de acusaciones de corrupción que no sólo se limitan a jueces y fiscales, sino también a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, ente encargado de nombrar y deponer jueces y fiscales), así como a congresistas, particularmente de Fuerza Popular, y empresarios. 

    Presión

    En la marcha del 19 de julio pasado, miles de personas salieron a las calles de Lima y de otras ciudades del país para exigir una reforma radical del sistema político y, dentro de la coyuntura, la expulsión de todos los miembros del CNM.

    Al día siguiente, en sesión extraordinaria del Congreso convocada por el presidente de la República, éste aprobó la destitución de todos los miembros del CNM.

    "Nuestras demandas empezaron con la destitución del CNM. A medida que vamos logrando victorias como ciudadanía, vamos avanzando en los pedidos según se vayan revelando los audios (que prueban la corrupción), pero creo que la prerrogativa inicial es que tiene que haber una reforma total del sistema de justicia", manifestó Meza.

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    La vocera de No a Keiko sostiene que "no sólo hablamos de jueces y fiscales, sino del Congreso, que también ha estado participando del tráfico de influencias; hablamos de un cambio total, una reforma política que el fujimorismo se niega a aprobar desde el parlamento".

    Las marchas son organizadas por colectivos civiles como No a Keiko, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la plataforma Reacciona, además de sindicatos, partidos de izquierda, y los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos durante el gobierno de Fujimori.

    A decir de Meza, las movilizaciones tienen un impacto sobre los políticos, ejercen "presión" respecto a las exigencias ciudadanas, así como advierten que "les van a pasar factura a futuro" si es que no enmiendan lo que están haciendo ahora.

    Sin embargo, las marchas actuales llevan un objetivo un poco más tangible.

    "En los colectivos hay muchos abogados y lo que se está haciendo es elaborar una propuesta de reforma judicial con amigos juristas que se le va a alcanzar a la Comisión de Reforma del Poder Judicial y al presidente de la República", explicó Meza.

    Como destaca la vocera de No a Keiko, se persigue que "el presidente tome a la ciudadanía como un actor dentro de una reforma urgente".

    Este 27 de julio, en la víspera del aniversario de la independencia, las calles volverán a llenarse de manifestantes; el desenlace se espera que sea la disminución de la corrupción, un problema que según cifras del Instituto Nacional de Estadística en Informática, la mayoría de peruanos (53,1%) considera como el peor que enfrenta el país, por encima de la delincuencia y la pobreza.

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