La ley tiene como objetivo "la recuperación de recursos" como respuesta a la demanda de los ciudadanos que esperan que "más allá de la sanción con una pena y con un encarcelamiento" haya "respuesta sobre esos recursos que debían haber sido utilizados en obras en beneficio de todos y que en un momento determinado fueron distraídos para enriquecer fortunas privadas", dijo Cabezas en una entrevista con Teleamazonas.
Esto debido a que para recuperar los capitales se conformarán equipos de investigación que se acreditarán ante el CPC para realizar su trabajo.
Serán equipos técnicos, que no recibirán una remuneración por lo que investiguen, sino que su paga se efectivizará a manera de honorario cuando concreten la devolución de cierto monto tras las averiguaciones o acuerdos que realicen.
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Cabezas destacó que la intencionalidad de la ley no es la judicialización, es decir, el instrumento tendrá como finalidad "llegar a acuerdos con quienes sean los partícipes o propietarios de estas fortunas o de estos capitales para tener convenios de devolución de recursos".
Si a partir de allí existen indicios para vincular penalmente a quienes devuelvan los capitales mal habidos, la justicia será quien determine los grados de culpabilidad.
Asimismo, se detalla que quienes se acojan a esta ley tendrán beneficios relacionados con su juzgamiento y la aplicación de la pena que les correspondería "por los delitos que se eviten o que puedan ser descubiertos a través de la información brindada o por la devolución de bienes y recursos públicos".
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El dinero recuperado se depositará en la Cuenta Única del Banco Central del Ecuador y será transferido a los planes y proyectos de desarrollo social, priorizando los planes de vivienda popular, salud, educación y desarrollo del campo.
La iniciativa es la tercera de su tipo que se presenta en la Asamblea Nacional; sin embargo, ha recibido mayor apoyo debido a los recientes casos de corrupción revelados, como la trama Odebrecht, que involucró a altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, que cumple una pena de seis años por el delito de asociación ilícita.
A este se suman otros procesos, como el ocurrido en la petrolera estatal Petroecuador, donde también se develó una amplia trama de corrupción.
Tras ser presentada en el legislativo, la ley deberá ser debatida por el Pleno del organismo y luego aprobada.
