La Fiscalía remarcó en un comunicado que Dodge manifestó "preocupación por las medidas que puedan poner en riesgo la seguridad jurídica y la legislación procesual vigente, que define con claridad la competencia judicial".
En el comunicado, la Procuradoría General de la República insistió en defender el inicio del cumplimiento de una sentencia después de la decisión condenatoria de la segunda instancia judicial (el caso de Lula).
Además, afirmó que los recursos que la defensa de Lula quiera presentar deben dirigirse al Tribunal Superior de Justicia (una instancia superior) y no al TRF-4.
"Un 'habeas corpus' (petición para evaluar la legalidad de un arresto) susceptible de ser aceptado, si está hecho correctamente, es de competencia del TSJ; en caso contrario es un documento inválido", subrayó.
Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, y desde el 7 de abril se encuentra en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur).
Lula es el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones generales que Brasil celebrará en octubre y el favorito en todas las encuestas.
Es poco probable que pueda presentarse, dado que la legislación brasileña prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia, pero su partido y sus abogados aseguran que recurrirán hasta el final.
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Consideran que el exmandatario es un preso político y que está siendo perseguido por la Justicia y los principales medios de comunicación para evitar que vuelva al poder.
