La prórroga "es completamente innecesaria; sino van a depender [de los militares] el resto de la vida, no saldrán nunca", dijo.
El Ejecutivo justificó la decisión por una ola de violencia a la que el Gobierno del Estado de Río no estaba haciendo frente, aunque la medida, sin precedentes en democracia, fue muy cuestionada por especialistas y activistas sociales.
A partir del 31 de diciembre algunos cargos militares de carácter técnico permanecerán otros seis meses en Río para hacer la transferencia y devolver a las autoridades del estado la competencia en seguridad.
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Por el momento, la prometida sensación de seguridad no llegó y algunos índices de violencia, como el número de tiroteos y las matanzas, esto es, cuando hay más de tres muertes en un mismo acontecimiento, aumentaron considerablemente, según denuncia el Observatorio de la Intervención, una entidad que agrupa a expertos y representantes de la sociedad civil.
Braga Netto, no obstante, pide tiempo y asegura que los habitantes de Río "verán una mejora palpable, cada vez más, de aquí a final de año".
"La población brasileña es muy inmediatista, quiere el resultado así: la intervención empieza hoy y al día siguiente caen todos los índices de criminalidad; (pero) eso es paulatino", remarcó el militar al pedir paciencia a la población.
Además, aseguró que en breve el Instituto de Seguridad Pública (ISP) dará a conocer los datos de junio, que evidencian que los índices de violencia cayeron, especialmente los robos de camiones de carga y de vehículos.
Las entidades sociales critican que durante la intervención militar ha aumentado la truculencia de las operaciones que militares y policías realizan conjuntamente en las favelas y suburbios para luchar contra el narcotráfico, en las que en muchas ocasiones mueren personas inocentes.
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El caso más significativo es el del niño Marcus Vinícius, de 14 años, quien murió baleado el pasado mes de junio en la favela Complexo da Maré, en la ciudad de Río de Janeiro, cuando iba a la escuela; todo apunta a que las balas que lo mataron partieron de un helicóptero de la Policía Civil.
"La Secretaría de Seguridad abrió una investigación para poder ajustar los procedimientos de uso del helicóptero, en la cuestión del horario de la escuela, utilización de armamento letal y menos letal; están ajustando los protocolos", expresó el militar sobre este suceso.
Después de más de 100 días de ocurrida su muerte, la Policía Civil, entidad que se encarga de la investigación, todavía no tiene resultados, aunque Braga Netto aseguró que el proceso avanza muy bien y que se está haciendo una recopilación de pruebas muy sólida.
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