"En México nunca habíamos vivido un proceso electoral tan violento como el actual, con un saldo de más de cien personas asesinadas entre militantes y candidatos, de todos los partidos políticos, incluidos partidos locales, sin registro a nivel nacional", dijo Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).
Investigar y esclarecer este difícil proceso de violencia "es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas", apunta la experta que representa a víctimas de violaciones a sus derechos humanos ante organismos internacionales.
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Las cúpulas de todos los partidos políticos "parecen entretenidos con los cierres de campaña, pero después de las elecciones del 1 de julio deben ayudar a la investigación y castigo de todos los asesinatos militantes de todos partidos, sin importar la filiación", planteó la defensora.
El peligro es que la ciudadanía "se va a negar a participar en candidaturas o campañas, incluso en el mismo día electoral, en miles de comunidades del interior" del país, alertó Culebro.
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"En aquella ocasión estaba identificado el blanco: eran los opositores de izquierdas; esta vez atacan a todos", observó.
Sobrevivir a las campañas
Para muchos de los candidatos a las elecciones del 1 de julio, su mayor reto ha sido sobrevivir a una campaña, en la que decenas de ellos fueron asesinados, en la peor ola de violencia de la historia reciente del país.
El gremio de ediles alerta que "las cifras de asesinatos a funcionarios públicos, siguen aumentando conforme se acerca el final del proceso electoral" para elegir presidente, nuevo congreso y la cuarta parte de los gobernadores y alcaldes de 30 estados, advierte la organización.
Desde 2006, la violencia del crimen organizado se desató cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar a las calles al ejército y la marina de guerra para combatir a los cárteles de droga.
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Las balaceras, cadáveres cubiertos con mantas o despedazados, se convirtieron en una escena común en las calles de ciudades y pueblos de los 32 estados mexicanos.
Los dos sexenios dejan un balance de más de 200.000 muertes atribuidas o relacionadas a la existencia de poderosas organizaciones criminales.
Un reporte del Servicio de Información del Congreso de EEUU señala que en México operan más de 200 grupos criminales, entre ellos seis grandes cárteles: el de los hermanos Beltrán Leyva, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y Los Zetas.
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El trasiego de estupefacientes hacia ese país vecino, el mayor mercado mundial de consumo de drogas, alimenta también a una creciente demanda local que ha provocado el incremento de pequeñas organizaciones de microtráfico, que defienden sus territorios con una violencia que raya en la saña.
Debilidad ante el crimen
La violencia del crimen organizado será sin duda el principal reto del próximo presidente de México, que asumirá el 1 de octubre próximo.
"Lamentablemente en México no se han construido capacidades policíacas a niveles estatales o municipales, y toda la capacidad descansa en la policía federal, que no es suficiente", reconoció en una entrevista con Sputnik, Ernesto Cordero, presidente del Senado.
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, la pregunta que se hacen la mayoría de mexicanos es "¿qué hará el gobierno para disminuir estos inaceptables niveles de violencia?".
Según las cifras del Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz, en 2017 se registraron más de 29.000 asesinatos, una cifra equivalente a 24 muertes por cada 100.000 habitantes, un triste récord que supera al de 2011, hasta ahora considerado como el año más crudo de la llamada "guerra contra el narcotráfico".
El Centro de Comunicación Social (Cencos) una organización ciudadana pionera de los años 80 que difunde informes sobre las violaciones a los derechos humanos, señala que, para los mexicanos, "la seguridad y la corrupción son los dos temas más importantes de esta campaña".
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Apunta además que, para los candidatos, la disyuntiva es la de optar por una mayor militarización, con los riesgos que eso implica al aumentar los crímenes y la brutalidad en los procedimientos, o buscar mejorar una mejor capacitación y la probidad en las policías municipales y estatales.
El candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, que por tercera vez busca la presidencia, llega como amplio favorito en las encuestas, que le dan en promedio 50% de la intención de voto, según la "encuesta de encuestas" del portal Oráculos.
En segundo lugar, con 27%, se coloca el centrista Ricardo Anaya, quien a sus 39 años se presenta a nombre de una coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).
