"La investigación de las organizaciones denunciantes revela por primera vez ante la CPI las atrocidades cometidas por militares en Chihuahua (norte) entre 2008 y 2010, que calificarían como crímenes de lesa humanidad que esa Corte puede conocer e investigar con base en el Estatuto de Roma", dijo por teléfono Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), una de las ocho organizaciones denunciantes.
Según el documento entregado a la CPI, y al que Sputnik tuvo acceso, los agentes señalados son "integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas)", decretada por el Gobierno de México en 2007.
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Esta denuncia sienta un precedente inédito en México, porque "es la primera vez que las autoridades militares son denunciadas ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, además de (que se incluye) la complicidad de autoridades civiles", dijo Culebro.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte también firmaron la denuncia.
El resto de los grupos que firmaron son la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Casos paradigmáticos
La denuncia es un análisis de 35 casos de violaciones de derechos humanos de 121 personas en el marco de la primera fase de la operación militar en Chihuahua.
La activista dijo que las atrocidades son consecuencia del despliegue de militares en actividades de seguridad pública, en particular la guerra contra el crimen organizado que ha dejado más de 200.000 muertos y 35.000 desaparecidos en más de una década.
Los despliegues militares en las calles ahora están autorizados por una Ley de Seguridad Interior promulgada en noviembre de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto.
"La nueva Ley de Seguridad Interior no rediseñó la seguridad ciudadana y mantiene las operaciones ejecutadas por militares que no están preparados para tareas de seguridad pública", indicó la defensora de víctimas de derechos humanos, quien también ha presentado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante mecanismos específicos de la Organización de las Naciones Unidas.
La falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República (fiscalía federal) y la "inexistencia de procedimientos nacionales auténticos" hacen parte de los argumentos por los cuales estos crímenes deben ser investigados por la CPI.
"Las actuales autoridades pensaron que nunca llegaría este momento en que son denunciadas ante una instancia internacional de esta naturaleza", dijo Culebro.
La denuncia será alimentada con nueva y más abundante información para fundamentar el caso, sostuvo.
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La decisión de recurrir a la CPI se debe a que "las instancias nacionales que administran y procuran justicia no se caracterizaron por investigar y hacer justicia, como lo marca la ley mexicana, y los crímenes quedan en la impunidad", puntualizó la defensora.
La información presentada también reseña el uso de recursos públicos para cometer crímenes.
Por ejemplo, "el uso de vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos”, el empleo de instalaciones militares "como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura", dice la denuncia.
Ninguno de los máximos responsables de estos casos fue investigado, procesado o sancionado hasta la fecha.
Hay otras dos denuncias presentadas a la CPI por violaciones a derechos humanos perpetradas por policías y autoridades civiles en otros dos estados, Coahuila y Baja California (noroeste), pero no involucran directamente a los militares, como en este caso.
