"La formalización de la solicitud de extradición del directivo del partido FARC Jesús Santrich por parte del Gobierno de los Estados Unidos, el día 6 de junio de 2018, constituye un importante hecho que permitirá demostrar su inocencia si finalmente su defensa pudiera acceder a las supuestas pruebas que la Fiscalía General de la Nación dice tener", señaló la fuerza política en un comunicado.
En dicho comunicado, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que el procedimiento contra Santrich se inició al momento de su captura, el pasado 9 de abril en Bogotá, y por lo tanto "se trata de una conducta que debe ser evaluada" por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal creado en los diálogos de paz de La Habana para juzgar a los actores del conflicto armado.
Señaló que hasta el momento ningún juez de la Republica "ha querido" denegar o tutelar el derecho al debido proceso de Santrich, lo cual, según el partido, "hiere de muerte a la institución de la tutela, principal garantía para la defensa y protección de los derechos fundamentales".
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Por último, la FARC reclamó a las autoridades respetar la Constitución y garantizar los derechos que ella contiene para lo exguerrilleros.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
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El exguerrillero comenzó una huelga de hambre desde ese mismo día, la cual mantuvo por 41 días, luego de ser señalado de participar en un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense.
Sin embargo, será la JEP la que determine si la comisión del delito fue antes o después de la firma de los acuerdos, y si se da este último caso, Santrich puede ser objeto de extradición en unos seis meses, según indicó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.
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El recién creado partido de izquierda FARC afirma que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.
