"La reforma laboral está en concordancia con las definiciones de la Convención 98", señala el medio citando un comunicado de la OIT dirigido al Gobierno que preside Michel Temer.
No obstante, el organismo realiza una serie de sugerencias y solicita información a las autoridades del Gobierno brasileño sobre algunos puntos de la reforma.
En ese sentido, la OIT pidió a Brasil los términos de aplicación de la "negociación colectiva libre y voluntaria", incluidos en la reforma laboral que entró en vigor en noviembre de 2017.
También solicitó información sobre las "consultas tripartitas con los interlocutores sociales" respecto de la reforma.
El Gobierno brasileño tiene un plazo de cuatro meses para responder, y deberá crear una comisión para elaborar una relatoría al respecto.
La principal novedad de esta reforma es que los acuerdos colectivos podrán prevalecer sobre la legislación, por lo que sindicatos y empresas podrán negociar condiciones de trabajo diferentes a las que estipula la ley, siempre que se respeten unos derechos mínimos recogidos en la Constitución.
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Uno de los puntos clave de la reforma es la externalización de servicios, que permite a las empresas despedir a trabajadores y volverlos a subcontratar poco después a través de otra empresa.
Además, se permiten jornadas de trabajo de hasta 12 horas, siempre que se respete el límite de las 44 horas semanales.
Previo a la aprobación de la nueva legislación, la jornada laboral se limitaba a ocho horas diarias, 44 semanales y 220 mensuales, con un margen para realizar como máximo dos horas extra al día.
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El tiempo de descanso para comer era como mínimo de una hora y un máximo de dos, pero se redujo a 30 minutos.
La nueva ley también termina con la contribución sindical obligatoria; antes el trabajador perdía un día de salario al año para cederlo a los sindicatos, pero ahora ese pago será opcional, en base a la autorización previa del empleado.
El presidente Temer definió la reforma como una "modernización" de la legislación laboral.
La reforma laboral brasileña fue cuestionada por algunos países de la región.
Uruguay, por ejemplo, se mostró descontento con las modificaciones pues podrían tensionar los acuerdos sociolaborales del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que integra junto a Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela (suspendido) e incluso suponer una forma de competencia desleal por abaratar la mano de obra.