"Los abogados de las familias están analizando el alcance de la notificación del Consejo de la Judicatura Federal y el contexto político de la decisión", del Primer Tribunal Colegiado del Circuito19 de Tamaulipas (noreste), dijo Ferrer, portavoz del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estado de Guerrero (sur), cuyos expertos integran el equipo legal de los familiares.
La detenida revisión del dictamen judicial en marcha "se debe a la extensión de la sentencia y su importancia para lograr verdad y justicia", y la realiza el equipo de juristas de las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas de los ataques, perpetrados en Iguala, Guerrero, a 220 km de la capital, la noche del 26 de septiembre de 2014.
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En esa ciudad, cinco autobuses en los que viajaba casi un centenar de alumnos normalistas fueron atacados a balazos en varios puntos por policías de municipios de la región, en complicidad con sicarios del crimen organizado, según la investigación federal.
Múltiples señalamientos críticos ante la llamada "verdad histórica" de la fiscalía federal fueron hechos por parte del Grupo Interdisicplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y es la primera vez que la justicia mexicana emite un dictamen que impugne la investigación.
Del ámbito internacional a la justicia mexicana
El Gobierno de México ha esgrimido siempre que deberían ser tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, y esta vez lo han hecho por primera vez.
Ante las denuncias de tortura documentada por el alto comisionado de ONU y rechazada por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los jueces piden que se recurra a peritos ajenos a la fiscalía federal, y procedan de instituciones independientes.
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Los jueces emitieron un juicio con filo político al señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) "ha actuado con parcialidad y sin autonomía".
Los abogados estiman que la resolución "debe entenderse como un llamado a la creación de una fiscalía genuinamente autónoma".
El párrafo 1.033 de la sentencia contiene otra valoración crucial: apunta que "no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal", y denuncias de tortura contra efectivos de la Marina Armada.
Al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, "se dejaron de explorar otras líneas de investigación", concluyeron los jueces.
La orden de crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, es considerada por los magistrados como un "procedimiento alternativo", para corregir la deficiente actuación de la fiscalía federal.
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Recomiendan que en ella participen familiares de las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de DDHH y organismos internacionales, y que el Gobierno de México autorice un nuevo período de participación del GIEI de la CIDH.
La PGR respondió que "no comparte el criterio de los magistrados".
Sobre las acusaciones de tortura, la Procuraduría federal "tiene abiertas diversas carpetas de investigación", con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul, pero acota que esa investigación no ha concluido.
