"Es muy claro que el uso de fuerzas paramilitares es una estrategia para amplificar el aparato represor del Estado, pero también para encubrir, de alguna manera, la responsabilidad estatal", dijo la abogada de derechos humanos.
El Gobierno de Nicaragua negó el 31 de mayo nuevamente en un comunicado que existan grupos de choque oficialistas responsables de provocar violencia en las manifestaciones y denunció en cambio la acción violenta de algunos opositores que han atacado edificios públicos y causado heridas y la muerte a agentes policiales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cifró en 100 los muertos y en 1.000 los heridos desde que comenzaron las protestas.
Paramilitares
Una misión de Amnistía realizó un análisis fotográfico y videográfico sobre cómo funcionan estas turbas y su conclusión es que "operan en total colusión con el Estado", dijo Guevara-Rosas.
Guevara-Rosas denunció asimismo "encubrimiento" a través del discurso y de la denegación de servicios médicos y de urgencia en hospitales públicos a los manifestantes heridos, no realización de las autopsias correspondientes y no resguardo de las escenas de posibles crímenes.
Sin embargo, la ministra de Salud, Sonia Castro, afirmó el 31 de mayo en conferencia de prensa que "todos los hospitales están abiertos y reforzados para atender a cualquier persona, sea quien sea; estamos para proteger la vida".
Llegar a Nicaragua
La delegación de Amnistía Internacional que viajó a Nicaragua a presentar su informe sobre violaciones a los derechos humanos aprovechó la oportunidad para acompañar la marcha que se realizó el pasado miércoles, día de las madres, y constató ataques de policías y grupos parapoliciales, según Guevara-Rosas.
No se reunió, en cambio, con autoridades, a pesar de haber solicitado entrevistas con los principales altos cargos, incluido el presidente Daniel Ortega.
Amnistía denunció el "uso excesivo de la fuerza, pero particularmente el uso de la fuerza letal", debido a que para la organización "es muy claro que hay indicios para asegurar que se han cometido ejecuciones extrajudiciales", dijo la activista.
"Fui testigo de dos incidentes de violencia brutales, uno en la marcha del día de las madres y otro en un ataque a la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde el lunes los estudiantes, en un intento por recuperar su recinto académico, fueron atacados por grupos parapoliciales y paramilitares conocidos como turbas sandinistas y por la policía antimotines altamente armada, con armas de alto calibre, incluidas AK 47", dijo Guevara-Rosas.
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Las protestas comenzaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz (sur) que estalló el 3 de abril y duró 10 días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, según dijo a Sputnik días atrás la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola.
A su vez, el 18 de abril Ortega emitió una reforma por decreto del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, que incluía aumentos en las cotizaciones y una deducción del cinco por ciento a las pensiones.
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Según Guevara-Rosas, la mayoría de las universidades están funcionando como refugios para los estudiantes, debido a que afirman estar allí "atrincherados", intentando buscar "mecanismos de autoprotección".
El Gobierno de Ortega emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la paz y rechazando "esta ola criminal y delictiva que azota a Nicaragua".
Para las autoridades la violencia es atribuible a grupos armados que atacan y producen víctimas para culpabilizar a las instituciones de orden público.
