"Exigimos justicia plena, con el enjuiciamiento de los responsables intelectuales de la muerte de nuestro compañero, además de la renuncia de los ministros de Gobierno y de Economía", expresó el joven.
El Gobierno presentó el 31 de mayo a un subteniente de la Policía como autor del disparo de una canica de vidrio que mató al estudiante Jonathan Quispe, pero este resultado de la investigación parecía no ser suficiente para poner fin al conflicto iniciado en la demanda de mayor presupuesto para la UPEA.
La asamblea, realizada en una avenida alteña en las afueras de una sede sindical en la que tres miembros de la universidad realizan una huelga de hambre, resolvió también retirar el título de honoris causa otorgado hace diez años al presidente Morales.
"Vamos a continuar en las calles, con marchas bloqueos y otras medidas, y esperamos dialogar directamente con el Presidente para llegar a una solución", dijo el dirigente.
Sobre las exigencias de renuncias de ministros, Quispe señaló que el de Gobierno, Carlos Romero, "debe irse, porque es responsable de la represión que mató a nuestro compañero y porque ha mentido en sus primeras versiones sobre ese crimen".
En cuanto al ministro de Economía, Mario Guillén, el dirigente aseguró que "la asamblea lo ha identificado como el primer responsable del conflicto, porque desde hace un año no resuelve la demanda presupuestaria".
La universidad alteña tiene un presupuesto anual de unos 400 millones de pesos bolivianos (unos 57 millones de dólares), de los cuales casi la mitad está congelada en cuentas fiscales porque la institución no ha certificado la cantidad de sus estudiantes, unos 45.000 según cifras extraoficiales del Gobierno.
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Las universidades estatales de Bolivia se financian con participaciones fijas en los impuestos ordinarios y de hidrocarburos, además de asignaciones directas del Tesoro Nacional.
