"No se puede reanudar la mesa del diálogo nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado", indica el texto de prensa.
El Cenidh señaló que en la marcha del 30 de mayo hubo al menos 11 fallecidos y 79 heridos, que se sumarían a las 71 víctimas fatales que había registrado la organización Amnistía Internacional hasta el martes.
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Los obispos nicaragüenses dijeron haber vivido "con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer [30 de mayo] por grupos armados afines al Gobierno contra la población civil".
"Condenamos enérgicamente todos estos hechos violentos", señalan en el comunicado.
Las manifestaciones comenzaron luego de que Ortega emitiera el 18 de abril una reforma por decreto del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, que incluía aumentos en las cotizaciones y una deducción del 5% a las pensiones.
El Gobierno de Ortega emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la paz y rechazando "esta ola criminal y delictiva que azota a Nicaragua".
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Para su administración, la violencia es causada por grupos armados que "atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público".
El gobernante Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) sostiene que las manifestaciones forman parte de un "golpe suave" que tiene como fin derrocar a Ortega.
