La ola de desapariciones forzadas en esa ciudad del estado de Tamaulipas, fronterizo con EEUU, es una "situación sobre la cual hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad", dijo el alto funcionario internacional en un comunicado difundido simultáneamente en su sede Ginebra y la Ciudad de México.
De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU, estas desapariciones habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados.
Zeid dijo que "muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana".
Para el titular del organismo especializado de la ONU "es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años".
El Alto Comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, "las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido".
En algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas.
Esa labor que corresponde a las autoridades ha sido hecha "sin ningún tipo de protección, y así han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas", lamentó Zaid.
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Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días, según el informe internacional.
Exigencia al Gobierno mexicano
Zaid se dirigió al Gobierno de México para exigir resultados efectivos.
"Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia", apuntó.
También exigió que los gobiernos federal y estatal y municipal otorguen "protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas".
Una ley contra las desapariciones forzadas fue votada por el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 16 de noviembre del año pasado 2017.
"Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones", señaló el Alto Comisionado.
Lo que ha estado sucediendo "es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas", advierte Zaid.
El alto funcionario recuerda al Gobierno de México que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población.
"En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones", puntualizó el Alto Comisionado.
Desde que comenzó la guerra abierta contra el crimen organizado hace más de una década en 2007, con participación de las fuerzas armadas, los organismos del Estado han sido infiltrados por el crimen, han desaparecido casi 35.000 personas, oficialmente.
En ese lapso han muerto unas 200.000 personas, al menos 109.000 durante el Gobierno de Peña Nieto, según datos oficiales.
