"La sección de revisión (de la JEP) podrá decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de comisión de la conducta", indica uno de los artículos emitidos con el fin de fijar procedimientos a ese tribunal y que sus magistrados no se aboguen los suyos por derecho propio.
En consecuencia, la JEP tampoco podrá juzgar a aquellos exguerrilleros que hayan sido solicitados en extradición, como hasta ahora parece ser el caso de Jesús Santrich, integrante del partido de izquierda FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgida tras la desmovilización de la guerrilla).
De hecho, ese partido había planteado varios cambios a la ley de procedimiento de la JEP para beneficiar a Santrich, pero las disposiciones tomadas por las comisiones primeras conjuntas limitan esa posibilidad.
La semana pasada el Gobierno pidió al Congreso que tramitara con urgencia las normas para la actuación de la JEP, luego de que el pasado 17 de mayo ese tribunal ordenó suspender de manera provisional la orden de extradición a Estados Unidos que pesa contra Santrich, con el fin de estudiar el tema.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana, fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
Desde ese día el exguerrillero comenzó una huelga de hambre que mantuvo hasta el pasado sábado, 19 de mayo, y por la cual fue internado en una clínica y en la casa religiosa en la que ahora permanece bajo fuertes medidas de seguridad.
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Santrich está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo.
Santrich y el recién creado partido de izquierda FARC afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.
Las disposiciones tomadas por el Congreso aún dependen de dos debates finales en las plenarias de Senado y Cámara, en los cuales se espera aprobar los procedimientos para la JEP antes del 20 de junio, cuando concluyen las sesiones ordinarias.
