Martínez pidió, en un documento de 11 páginas, que "se dirima el conflicto de competencias que hay entre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación".
La JEP, que entiende en los delitos cometidos por los actores del conflicto armado, ordenó el 17 de este mes suspender el trámite de extradición de Santrich a EEUU.
Además, fijó un plazo de 10 días para que las partes soliciten las pruebas necesarias y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que le informe cuando reciba la solicitud formal de extradición por parte de EEUU.
También comunicó su decisión a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en procura de la protección y satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el que participaron las FARC y el Estado colombiano.
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El fiscal Martínez argumentó que la Sección de Revisión de la JEP tomó la determinación de suspender el proceso de extradición en un claro acto de extralimitación de funciones que afectó la competencia de la justicia ordinaria.
"La corporación no solo se extralimita en el desarrollo de sus funciones constitucionalmente otorgadas (con el acuerdo final de paz), sino que además se arroga otras que le corresponden a la justicia ordinaria", precisó Martínez.
El tribunal, creado en el acuerdo de paz entre el Gobierno y la desaparecida guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como un régimen de justicia transicional, decidió "asumir competencia para conocer de la solicitud de aplicación de garantía de no extradición" para los desmovilizados que decidieran acogerse a ella.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición solicitada por el Departamento de Justicia de EEUU.
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El exguerrillero comenzó una huelga de hambre desde ese mismo día en los calabozos del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, de donde fue llevado después a la cárcel La Picota.
Tras ser hospitalizado por un empeoramiento de salud, Santrich fue trasladado a la sede del Episcopado en Bogotá, donde levantó la huelga de hambre tras conocer la suspensión de la extradición.
Santrich y el recién creado partido de izquierda FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal Martínez y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.
