"No, los ministros obedecemos a la confianza del presidente y no nos ceñimos por lo que puedan pensar las minorías", contestó Santelices en conferencia de prensa ante la posibilidad de su renuncia.
La decisión de la Contraloría generó que varios líderes de la oposición exigieran la salida de Santelices, amenzanado incluso con presentar una acusación constitucional en contra de él.
Durante la conferencia de este 10 de mayo, Santelices aseguró que "siempre hemos actuado con la mejor intención y el fundamento que tuvimos para producir las modificaciones era el riesgo que teníamos en que 1,2 millones de personas se pudieran haber visto amenazadas de no poder atenderse".
"A partir de lo que nos ha instruido la Contraloría, el equipo jurídico está trabajando para resolver aquellas materias que se han considerado modificar, para dar cumplimiento con el mandato de la ley", explicó el ministro.
"Las personas deben tener la certeza de que el sistema de atención va a estar disponible en caso de que ellas puedan necesitarlo", agregó.
Por último, reconoció que "a la luz de esta nueva consideración de la Contraloría, las cosas las podríamos haber hecho diferente", pero añadió que "no necesariamente puedo hablar de un error o no, porque estamos frente a un nuevo escenario".
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En marzo, tras la asunción del presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Salud de Chile modificó la ley de aborto en tres causales, permitiendo que las instituciones de salud privadas que reciben financiamiento fiscal, puedan acogerse a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos, algo que no estaba permitido en la ley original.
Diputado chileno critica cambio del Gobierno de Piñera en ley de aborto https://t.co/qVNxwZ3ZbP
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 28 марта 2018 г.
La Contraloría señaló este 9 de mayo que el cambio realizado por el ministerio era ilegal porque "las instituciones privadas que tengan convenios con el estado no pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud, y que forman parte de la Red de Salud Pública".
La ley de aborto en tres causales fue promulgada el año pasado durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006 – 2010 y 2014 – 2018) y despenalizó la interrupción del embarazo en los casos de: peligro de vida para la madre, feto inviable de carácter letal y en caso de violación.
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Esta ley incluye una herramienta llamada "objeción de conciencia", que permite tanto a los doctores como a las instituciones de salud privadas, negarse a practicar abortos en una o en todas las causales.
