"Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar adonde tope en nuestro caso; por eso quieren cerrar cada línea simulando que investigan", advirtió Emiliano Navarrete, padre del joven desaparecido José Ángel.
Asimismo, denunciaron "la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados", proporcionados por la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), "con el propósito de exculpar a funcionarios del estado de Guerrero (sur) y federales".
Los otros dos elementos ominosos son, según las familias de las víctimas, "el fracaso de la Procuraduría General de República (fiscalía federal) por su deficiencia en fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial", del entorno criminal de los ataques, en los que también murieron siete personas, 25 más resultaron heridas, y solo han sido identificados los restos calcinados de un alumno, hasta la fecha.
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El pedido fue realizado en el 168 periodo de sesiones de la CIDH en República Dominicana por el Caso Ayotzinapa, nombre de la escuela rural de maestros donde estudiaban los jóvenes, aunque también se le conoce como Caso Iguala, por la ciudad situada a 220 kilómetros al sur de la capital donde cinco autobuses que transportaban a los estudiantes fueron atacados por patrullas de policías y cómplices del crimen organizado en septiembre de 2014.
Piden presentar informe en México
El padre y portavoz de las familias pidió a los integrantes del panel de la CIDH que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México y no desde la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington.
Por otro lado, el comisionado enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jařab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, que encabeza Zeid Ra'ad Al Hussein y señaló que "se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU", que señala torturas de los imputados hasta la fecha.
Por su parte, la comisionada Flávia Piovesan agregó sus "dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura" y destacó la pericia de la ONU en estos temas.
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El Gobierno de México respondió al informe de la ONU-DH del 15 de marzo pasado, titulado "Doble Injusticia", sobre torturas en la investigación, que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017.
La decisión de publicar el referido informe "se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado", dicen las autoridades.
A más de tres años y siete meses de la masacre, las pesquisas "se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas", dijo el Gobierno.
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Esos mensajes interceptados "indican que pasada la media noche (del día de la tragedia), cuando los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, según las llamadas 'confesiones' que sustentan la teoría del caso, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos", argumentaron.
Esa trama desarma la narrativa oficial llamada "Verdad Histórica" y apunta a altas autoridades "señaladamente a la Policía Federal y al Ejército", puntualizaron los abogados en sus ponencias.
Por esa razón exigieron cumplir con más de 60 pruebas requeridas por la defensa.
El informe de la ONU establece un patrón de detenciones arbitrarias y torturas en los casos de 34 personas detenidas, presuntos sicarios y policías.
