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    CIDH celebra histórico debate sobre derechos de adultos mayores en México

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó por primera vez en su historia en un periodo de sesiones la situación de los adultos mayores en un país, en este caso México, dijo a Sputnik la ponente de la sociedad civil, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia.

    "La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, señaló que se trata de un hecho histórico que el organismo analice en presencia de representantes de un Estado la situación de los derechos de los adultos mayores", dijo Culebro vía telefónica desde Santo Domingo.

    En el marco del 168 periodo de sesiones que se celebra en la capital de República Dominicana, la organización ciudadana y la Red por Derechos de los Adultos Mayores solicitaron una visita oficial a México de la relatora especial sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales y Ambientales, Soledad García, para que evalúe las condiciones de vida de ese sector de la población de este país, donde "en 30 años más la mayoría de la población tendrá más de 60 años de edad", dijo Culebro.

    Estuvieron presentes la presidenta de la CIDH, la relatora especial sobre México, Esmeralda Arosemen, y los comisionados Francisco José Eguiguren y Flavia Piovesan, encargada de la unidad sobre derechos de personas mayores.

    "La presidenta y los miembros de la Comisión fueron receptivos, dado que es un tema que por primera vez está incursionando en los debates de la Comisión Interamericana", explicó Culebro.

    Otra solicitud concreta, hecha durante la audiencia, fue "solicitar a la CIDH que conmine al Estado mexicano a que se adhiera a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores", puntualizó la responsable del organismo ciudadano.

    Respuesta del Estado

    Una política nacional sobre envejecimiento en México debería estar "basada en los ejes rectores de la integración, participación e inclusión en todos los ámbitos", según la ponencia ciudadana.

    Una de las causas que impiden esa política es que "existe una gran dispersión de información en los organismos públicos de derechos humanos en relación con las personas mayores, lo que hace muy difícil su sistematización, porque no registran violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas mayores", dijo Culebro.

    Los representantes del Estado mexicano respondieron que "están analizando la posibilidad de ratificar la convención sobre personas mayores, pero se requiere de estudios especiales que no se han ejecutado por limitaciones presupuestales", relató Culebro.

    Entre los temas por clarificar están las políticas de contribuciones para pensiones, fondos para el retiro, políticas específicas del sector salud por enfermedades crónico-degenerativas y los programas sociales especiales dirigidos a los adultos.

    Por ejemplo, existen derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores que, sorpresivamente, no registraron ni una sola violación en México.

    "Lo anterior se debe a la falta de conocimiento sobre estos derechos, tanto por parte de las personas mayores como del personal de los organismos públicos de derechos humanos", explicó la experta.

    Lea más: Gobiernos latinoamericanos se comprometen a promover los derechos de adultos mayores

    En efecto, solo el uno por ciento de los expedientes de queja abiertos en esos organismos públicos, relacionados con víctimas de 60 años o más, llegaron a convertirse en recomendaciones a las instituciones del Estado.

    Lo anterior implica que esos organismos públicos "todavía están muy lejos de convertirse en mecanismos de protección efectivos para las personas mayores", puntualizó la defensora de víctimas.

    Por ejemplo, las autoridades no cuentan con "protocolos de atención para personas mayores", un reflejo de la falta de reconocimiento y conocimiento de los derechos de esas personas.

    Si el Estado firmara esa convención "abriría una gran oportunidad para la difusión de estos derechos, la creación de protocolos específicos y permitiría visibilizar las condiciones de vida de las personas mayores, para establecer políticas públicas adecuadas y efectivas", según la ponencia.

    Las organizaciones civiles rechazan que el Estado "aplique políticas asistenciales, en vez de políticas inclusivas integrales".

    La legislación nacional actual debe, por lo tanto, ser revisada y actualizada, dado que "no es suficiente para proteger los derechos de las personas mayores", dice la ponencia de la sociedad civil.

    El 168 periodo de sesiones, que se celebra entre este lunes y el viernes en Santo Domingo, incluye audiencias públicas sobre derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, y sobre violencia y amenazas a personas defensoras de derechos humanos en Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

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    jubilados, derechos humanos, CIDH, México
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