El Gobierno de México respondió al reporte del alto comisionado publicado el 15 de marzo de 2018, que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado", dice un comunicado oficial divulgado este lunes.
La respuesta del Gobierno de México ofrece información sobre algunos temas contenidos en el informe del organismo mundial, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (fiscalía), "con relación a las alegaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala", indica el texto.
Además de los 43 desaparecidos, al menos nueve personas fueron asesinadas y más de 25 resultaron heridas en ataques perpetrados por policías de varios municipios, confabulados con sicarios del narcotráfico, la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente en Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital, contra cinco autobuses que transportaban a casi un centenar de estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, estado Guerrero (sur).
Conclusiones "Prematuras"
El documento de 23 páginas con las observaciones del Gobierno de México señala que, a más de tres años y siete meses de la masacre, las referidas irregularidades en las pesquisas del caso "se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas".
El Gobierno de Enrique Peña Nieto se compromete a que la investigación atenderá los principios aplicables, "incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura".
El documento de observaciones del Gobierno fue igualmente entregado al mecanismo de seguimiento del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 168 período de sesiones en la capital de República Dominicana, donde el caso se examinará este martes.
En el informe de marras, firmado por el alto comisionado Zeid Ra"ad Al Hussein, asegura que expertos de la ONU analizaron los casos de 63 personas, de un total de 129 imputadas, detenidas por agentes de la fiscalía, policías federales y la marina.
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En alguno de esos casos se establece que, "como consecuencia de la tortura se convirtió en una ejecución arbitraria", añadió Patrón.
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general (fiscal general) Jesús Murillo anunció que el caso estaba resuelto con una "verdad histórica".
El procurador dijo que los estudiantes desaparecidos fueron "entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan".
Pero el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
