Las investigaciones revelan que el ministro habría participado en 2009, cuando era gobernador del estado de Mato Grosso (centro-oeste), en la "compra y venta de plazas en el Tribunal de Cuentas de ese estado", según un comunicado de la Fiscalía.
Según la denuncia hay pruebas de que el grupo en el que participaba Maggi pagó sobornos para que el entonces consejero del Tribunal de Cuentas Alencar Soares se jubilara y se abriera una plaza para colocar al exdiputado del estado Sérgio Ricardo de Almeida.
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Después, el entonces gobernador también intentó colocar al su secretario de Hacienda, Eder de Morae; y en estos movimientos se llegaron a pagar casi 20 millones de reales (5,6 millones de dólares) en sobornos.
Ahora será el Tribunal Supremo Federal quien decida si imputa al ministro o no, dado que como forma parte del Ejecutivo goza del llamado "fuero privilegiado" y sólo puede ser juzgado por esta corte, el máximo órgano judicial del país.
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Maggi pertenece al Partido Progresista (PP), una formación conservadora aliada del Gobierno de Michel Temer, y está en el actual Ejecutivo brasileño desde el principio, en mayo de 2016.
Las investigaciones policiales destaparon una trama en que funcionarios del ministerio de Agricultura eran sobornados para dar luz verde a la exportación de carne en mal estado, pero de momento en este caso el ministro no tiene responsabilidades penales.
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