En el documento presentado ante la Justicia Federal, la Procuraduría remarca que ya se "agotaron" las providencias administrativas y judiciales para el cumplimiento de la orden judicial y que la presencia de Lula está causando molestias a los vecinos de la ciudad, publicó el diario O Globo.
El Partido de los Trabajadores y las organizaciones sociales que impulsaron la acampada por la liberación de Lula remarcan en todo momento que la convivencia con los vecinos es buena y que algunos de ellos incluso les ceden sus casas para que puedan ducharse o cargar aparatos electrónicos.
No obstante, la Procuraduría considera que la presencia de los manifestantes causa notables trastornos, dado que también obligó a diseñar un perímetro de seguridad que dificulta la atención al público en el edificio de la Superintendencia, que funciona como una comisaría normal.
Además, recuerda que muchos agentes de la Policía Federal no realizan su trabajo ordinario sino que están movilizados para el refuerzo de seguridad.
Escuche: Lula hoy es castigado por haberle dado más derechos a los brasileños pobres
El líder izquierdista fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.
Lula no se encuentra en una cárcel ordinaria junto a otros políticos condenados por corrupción, sino en una sala especial de la Superintendencia, privada, con espacio considerable y sin contacto con otros presos.
El único que tiene potestad para determinar el traslado del expresidente es el juez de primera instancia encargado de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, quien lo condenó en un principio y establece las condiciones del cumplimiento de la pena.
