"Volvemos a pedir que el Gobierno no intervenga militarmente", dijo a la prensa el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte.
El presidente Lenín Moreno lanzó por la noche un ultimátum de 12 horas para que los secuestradores entreguen pruebas de vida de los tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio.
"Caso contrario, iremos con toda la contundencia (…) sin contemplaciones para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos", dijo el mandatario.
Para Ricaurte, una intervención militar afectaría también a la comunidad que vive en la frontera y pondría muchas vidas en riesgo, por lo que "mientras haya una esperanza [el Gobierno] debe abstenerse de intervenir militarmente".
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El medio colombiano RCN informó haber recibido unas fotografías de cadáveres que parecían corresponder a los tres secuestrados que fueron entregadas a asociaciones de libertad de prensa de Colombia y Ecuador.
Fundamedios confirmó la recepción de este material gráfico y señaló que lo trasladó al Gobierno nacional para su respectivo estudio.
Por su parte, el coordinador ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Luis Ángel Saavedra, manifestó su convicción de que los reporteros "están en Colombia y que el objetivo del Gobierno colombiano", a través de las intervenciones militares, "es hacerlos regresar a Ecuador para decir que es un problema de Ecuador".
El secuestro se produjo cuando el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra fueron retenidos presuntamente por el grupo Oliver Sinisterra, comandado por el colombiano conocido como alias "Guacho", sin que hasta el momento se conozca su paradero.
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Los secuestrados estaban en la zona reportando una ola de atentados que comenzaron en la frontera el pasado 27 de enero.
