"Por razones constitucionales y de conveniencia, el Gobierno considera que las consultas populares no son el mecanismo idóneo para decidir sobre la realización de actividades minero energéticas en un determinado territorio", dijo el Ejecutivo en el comunicado.
Ese dinero bien "se habría destinado para salud, educación y vivienda para todos los colombianos", agregó el Ejecutivo.
El pronunciamiento del Gobierno se dio luego de que el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participaron en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar la constitucionalidad de las consultas populares en el país.
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Durante la audiencia, el Gobierno reafirmó su interés de lograr la armonía necesaria entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios para mantener el desarrollo de las actividades de minería y energía en el país.
"Todos los colombianos tienen derecho sobre la riqueza mineral y energética del subsuelo, estos no pueden ser desconocidos de manera unilateral por quienes habitan en una determinada fracción del territorio", dijo el Gobierno, que agregó que respeta "la autonomía territorial y las competencias de los municipios".
Durante 2017, las poblaciones de Cumaral, Cabrera y Arbeláez (centro), así como Cajamarca y Pijao (centro-oeste) les dijeron "No" a la industria extractiva en sus suelos a través de consultas populares.
Aún restan 44 consultas populares más por desarrollar, 20 de ellas en materia de hidrocarburos y las restantes referidas a minería.
Esa cantidad de consultas populares en Colombia obedece a que la Justicia ha dado vía libre a una serie de reclamos sobre daños al medio ambiente que permanecieron ignorados durante años.
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La otra razón es que las pasadas consultas han servido de referentes para otras poblaciones que buscan salvaguardar sus suelos de la industria extractiva.
