La Relatoría expresó en un comunicado "su solidaridad y extrema preocupación por el secuestro de los periodistas", al tiempo que hizo un llamado "a las autoridades de Ecuador y Colombia a continuar trabajando en forma conjunta y a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para facilitar una pronta liberación del equipo periodístico".
La Relatoría que encabeza el abogado uruguayo Edison Lanza recordó que según los estándares internacionales "los Estados tienen la obligación de brindar protección a los periodistas y a otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y que tengan un riesgo elevado de ser atacados" en zonas en las que opera el crimen organizado o subsiste una elevada conflictividad.
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El texto añade que "aun en estas situaciones", los periodistas deben ser tratados como civiles y "todas las partes involucradas deben respetar su derecho a la vida e integridad física".
Por tanto, es deber de los Estados "prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
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El 3 de abril, medios colombianos difundieron la primera prueba de vida de los tres secuestrados, un video en el que los ecuatorianos retenidos aparecen encadenados, vestidos con camisetas de colores y con un aspecto desmejorado.
El periodista confirma que se encuentran en territorio colombiano y que además están en manos del frente Óliver Sinisterra, cuyos miembros formaron parte de la columna Daniel Aldana de la disuelta guerrilla FARC, al mando de alias "Guacho".
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Esta es la primera evidencia de que los tres secuestrados están vivos desde que fueron retenidos el pasado 26 de marzo en la localidad de Mataje, en la provincia de Esmeraldas (noroeste ecuatoriano).
