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    BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar a los diferentes actores del conflicto armado en Colombia, comenzó a operar para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el país durante las más de cinco décadas de enfrentamiento.

    "A partir de este jueves se pone en pleno funcionamiento la JEP y se aplicará con todo el rigor para que no haya impunidad", dijo su presidenta, Patricia Linares, en una conferencia transmitida vía streaming.

    La funcionaria señaló que este "es un momento histórico para el país y sobre todo para las víctimas", ya que la JEP cuenta con un registro de 7.400 actores del conflicto armado que son candidatos para presentarse ante el tribunal.

    Asimismo, aclaró que los procesos judiciales que se realicen tendrán carácter colectivo.

    "Nosotros nos vamos a enfocar en los delitos de lesa humanidad; una persona puede llegar para que se siga su proceso de manera individual, pero nosotros tenemos la tarea de buscar a qué grupo de víctimas pertenece y cuál es el proceso que se debe seguir para su caso", explicó.

    En la actualidad, un total de 4.653 personas que pertenecieron a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, hoy convertida en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) ha suscrito actas en la JEP para comparecer ante ese tribunal, considerado la columna vertebral del acuerdo de paz y que cuenta con más de 150 funcionarios, entre magistrados, auxiliares y personal administrativo.

    La JEP funcionará por un término de 15 años, los cuales podrán ser prorrogados por otros cinco.

    Proceso pendiente

    La JEP, cuyos magistrados fueron posesionados el pasado enero por el presidente Juan Manuel Santos, comenzó a operar este jueves, pese a que aún falta que se promulgue un fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria que reglamentará al tribunal.

    Así, la JEP operará entre tanto con algunos elementos que no necesitan de esa decisión para iniciar sus labores, ni del proyecto de ley de procedimiento que se radicó ante la Presidencia esta semana y que debe hacer tránsito en el Congreso.

    En consecuencia, la JEP comenzó a funcionar con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Amnistía e Indulto, y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

    Salas

    La Sala de Reconocimiento recibirá los informes de las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el marco del conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas, y deberá decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia de la JEP.

    Asimismo, deberá recibir las 7.392 actas de reconocimientos de verdad y responsabilidad que han suscrito ante la JEP tanto excombatientes de las FARC como militares y policías.

    Dicha sala es también la encargada de identificar los casos más graves e individualizar a quienes tuvieron una participación determinante en el conflicto y, en consecuencia, determinar las sanciones correspondientes.

    Entre sus funciones está la de remitir a la Sala de Amnistía e Indulto el listado de actores que deberán ser amnistiados, así como la de aquellos que no resulten beneficiados y cuyo caso pasará a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas.

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    La sala deberá otorgar amnistía o indulto en casos de actores condenados o investigados por delitos que son objeto de estas figuras jurídicas, bien sea por oficio o por petición misma de los interesados.

    Por su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá el futuro de aquellos actores que no sean objeto de amnistía o indulto.

    Con la entrada en operación este jueves de la JEP también se puso en marcha la Unidad de Investigación y Acusación, que deberá indagar y acusar a los responsables ante el Tribunal de Paz, así como también decidir sobre las medidas de protección a víctimas y testigos y adoptar medidas de aseguramiento en caso de que sea necesario aplicarlas a los responsables de crímenes de lesa humanidad y violatorias del Derecho Internacional Humanitario.

    Según la Corte Constitucional, quienes se acojan a la JEP deberán cumplir con todos los requisitos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como colaborar con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad, de lo contrario podrían perder los beneficios. 

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    Etiquetas:
    paz, FARC, Justicia Especial para la Paz (JEP), Colombia
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