"Cada año 64.000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo; 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe, y en México, en promedio, 7 mujeres son asesinadas al día", indica el informe de la agencia ONU Mujeres del foro mundial.
El balance señala que, entre 2007 y 2012, la violencia criminal contra las mujeres creció 138%, alcanzando un pico histórico en el país latinoamericano.
"No solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años anteriores, sino que, además, llegamos a niveles nunca antes registrados", sentencia el documento.
Efectivamente, en 2007, "la tasa de defunción femenina por presunción de homicidio se había reducido a la mitad, respecto al año 1985", con 1.089 asesinatos de mujeres hace una década, indica el reporte.
En otra comparación, en un lapso de 32 años se cometieron 52.210 homicidios de mujeres, y casi la tercera parte de esos crímenes (15.535) fueron perpetrados en los últimos seis años del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
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A partir de 2012, primer año del sexenio que termina este año, las cifras muestran un descenso hasta 2016.
La proliferación de armas de fuego se refleja en los patrones criminales: en el último de los 32 años examinados, el 48,4% de los homicidios de mujeres se cometieron con arma de fuego; 17,2% por ahorcamiento y 16,6% con objetos cortantes.
Campaña contra violencia feminicida
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la ONU montó una instalación en el Parque de la Luz, en la Ciudad de México, en el marco de una campaña que denuncia la magnitud de la violencia feminicida en el mundo y, en particular, en este país latinoamericano.
Los feminicidios que se han intensificado en este país, con una conocida reputación de padecer una cultura machista, "no son fenómenos aislados, son el producto y la consecuencia de la discriminación de género y de la desigualdad", denunció Sanz.
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El tema de fondo es "la discriminación vinculado a la impunidad", puntualizó.
La campaña contra esa "pandemia" busca llamar a la acción a los gobiernos, las instituciones públicas, el sector privado y a las organizaciones de la sociedad, para ponerle fin y avanzar en los sistemas de atención, procuración y partición de justicia para trascender la impunidad.
