"Con el pretexto de combatir el crimen se van a cometer muchos crímenes; quien mata asesinos es un asesino; estoy muy asustado, van a ocupar las favelas de forma absurda, matarán a gente inocente y la clase media aplaudirá", dijo a esta agencia, subrayando que la operación tiene un carácter populista que busca rédito electoral.
Desde ese día, todos los cuerpos policiales, el servicio de inteligencia, los bomberos y las cárceles están bajo el mando de un militar, algo inédito en la democracia.
El Gobierno justificó la medida extrema por la escalada de violencia que vive el estado de Río desde hace meses sin que las autoridades locales puedan hacerle frente, pero activistas y expertos aseguran que la intervención no resolverá la violencia y podría causar numerosas violaciones de los derechos humanos.
"Será más de los mismo, el uso de la fuerza bruta para combatir la inseguridad, algo que repetimos desde hace siglos en este país, y la población más desfavorecida siempre es que la sufre más con ese comportamiento", apuntó el abogado, quien teme que los militares tengan carta blanca para practicar todo tipo de "barbaridades" en sus incursiones en las favelas.
En unas declaraciones recientes, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, alegó que la geografía de Río (plagada de cerros con favelas laberínticas y espesa vegetación) facilita la huida de los narcotraficantes, por lo que necesitan un margen de acción más amplio para que sus operaciones sean efectivas.
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Tancredo subrayó que en la práctica esto significa que los militares puedan entrar impunemente en cualquier casa, y resaltó que esto solo se hace con las favelas, territorios donde los vecinos no tienen derechos: "En algunas calles de Leblon (el barrio más exclusivo de Río de Janeiro) viven peligrosos gobernantes, pero ahí hay que especificar bien el domicilio, si no la policía no entra", comparó.
La Comisión de la Verdad fue un organismo creado durante el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) que investigó los archivos de la dictadura militar y sacó a la luz cientos de casos de asesinatos, torturas, desapariciones y todo tipo de atentados contra los derechos humanos.
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Tancredo también recuerda que los eventuales crímenes que practiquen los soldados en las favelas "serán juzgados ipso facto por sus pares", puesto que estarán sujetos a la Justicia Militar, que suele archivar la mayoría de infracciones.
"La Justicia brasileña es bien racista porque existe el pensamiento de que se acabará con la violencia en Río de Janeiro, eliminando a determinadas personas, y todos sabemos que eso es un gran engaño: las favelas no fabrican armas, ni droga, y cuando matas a un "soldado" del narcotráfico hay todo un "Ejército de reserva", hay que repensar esto", alertó.
En el estado de Río no faltan policías, apuntó el abogado (hay más de 50.000 agentes), y el Ejército participa en operativos en las favelas desde los años 90 de forma puntual sin apenas resultados.
El abogado acumula más de 30 años defendiendo casos de abusos contra la población más pobre: trabajó en la defensa del caso Amarildo, un albañil que en 2013 despareció en la favela Rocinha de Río de Janeiro cuando se lo llevaron varios agentes de la Policía Militar.
Su cuerpo nunca apareció y el caso tuvo un enorme eco mediático en Brasil, despertando la conciencia ciudadana, igual que otros en los que también participó, como los casos de Claudia (una vecina cuyo cadáver fue arrastrado por el suelo por un coche de la policía) o el de la niña María Eduarda, quien fue baleada dentro de un colegio al norte de Río, a raíz de los disparos de unos policías.
