"El crimen organizado casi se apoderó del estado de Río de Janeiro; es una metástasis que se extiende por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo, por eso acabamos de decretar la intervención federal en el área de seguridad pública en Río de Janeiro", dijo Temer durante el acto solemne de la firma del decreto en Brasilia.
La intervención de las Fuerzas Armadas durará hasta el 31 de diciembre de este año y durante ese tiempo la Constitución no puede ser alterada, lo que puede afectar a la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, una Propuesta de Enmienda a la Constitución cuya votación iba a realizarse la semana que viene.
Temer asumió que la medida es "extrema" y advirtió de que el Gobierno dará respuestas duras y firmes y tomará las medidas necesarias para derrotar a las facciones del narcotráfico.
"No podemos aceptar pasivamente la muerte de inocentes, es intolerable que estemos enterrando a padres y madres de familia, trabajadores, policías, jóvenes y niños y viendo barrios enteros, escuelas, bajo la mira de fusiles y avenidas transformadas en trincheras", aseguró.
El ministro de Defensa, Raul Jungmann, manifestó que la intervención no cambiará las atribuciones de cada institución y que no conlleva "ninguna amenaza a la democracia", y añadió que las Fuerzas Armadas no harán el papel de los policías.
A pesar de que el decreto se firmó este 16 de febrero y que según el Gobierno ya tiene validez, para que sea formalmente aprobado debe contar con el visto bueno de la Cámara de los Diputados y del Senado.
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Una intervención federal de este tipo no ocurre en Brasil desde que se promulgó la Constitución de 1988 y llegó la actual democracia; hasta ahora todas las intervenciones del Ejército se hacían amparadas en una medida especial puntual llamada Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que se ponía en marcha en situaciones de emergencia.
También se puso en marcha el pasado mes de febrero en el estado de Espírito Santo (sureste), después de que una huelga de agentes de la Policía Militar dejara las calles sin seguridad, provocando una ola de violencia.
El estado de Río de Janeiro vive desde hace meses una situación de descontrol en la seguridad pública asumida por el propio Gobierno de ese distrito, que hasta ahora tiene las competencias en esa área.
Durante los días de Carnaval el desgobierno en la seguridad de Río quedó más patente todavía, con un aumento notable de robos, atracos y el asesinato de tres agentes de la Policía Militar.